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A pesar de que desde el año 2007 fueron despenalizados a nivel federal los delitos de calumnia, difamación e injuria, apenas el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, envió al Congreso del estado una iniciativa para sancionar por la vía civil esas conductas, para dejar insubsistentes los llamados “delitos contra el honor” que violentan el goce y ejercicio de la libertad de expresión.
Tlaxcala, al igual que otros estados del país se mantenía sin acatar los compromisos internacionales que adquirió el Estado Mexicano ignorando el llamado que emitió el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 30 de abril del 2010 para que cumpliera con las recomendaciones para despenalizar los “delitos contra el honor”.
Y aunque en el documento enviado por el mandatario estatal a la LXL Legislatura local menciona que el nuevo Código Penal publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 31 de mayo de 2013 ya no se encuentran comprendidos los delitos de injurias, difamación y calumnias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con fecha 4 de junio de 2015 envió un exhorto para que promueva ante el Órgano Legislativo de la entidad las respectivas modificaciones legislativas tendentes a proteger el secreto profesional de los periodistas.
“La CNDH reitera la necesidad de proteger el derecho al secreto profesional periodístico desde su regulación en la legislación local, o aprobando leyes especiales como ha ocurrido en algunas entidades federativas, como de despenalizar los denominados delitos contra el honor, con el objeto de que las eventuales sanciones contra una posible afectación a derechos sean de carácter civil y no de naturaleza penal”.
Es por eso que el Gobierno del Estado en cumplimiento al exhorto de la CNDH y consideraciones diversas, define que “resulta necesario reformar diversos artículos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala tendientes a proteger el secreto profesional de los periodistas, garantizar la protección de los derechos de la personalidad y además cumplir con la exigencia de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en los términos que prescribe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y con lo dispuesto en los instrumentos internacionales de protección al derecho a la libertad de expresión de los que el Estado mexicano es parte”.
Por tal situación, el titular del Poder Ejecutivo local prevé en la iniciativa reformar los artículos 1402 y 1409, además de adicionar el artículo 1409 Bis del Código Civil, y define por daño moral “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas”.
Indica que el daño moral a que tengan derecho la víctima o sus beneficiarios será regulado por el juez “en forma discrecional y prudente”, tomando en cuenta los componentes lesionados del patrimonio moral, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, “así como las demás circunstancias del caso”.
En el artículo 1409 Bis establece que “no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Gabinete de MGZ utilizó el derecho penal para silenciar voces
De acuerdo a la “Guía práctica para entender la difamación en México article19” publicada el 25 de noviembre de 2013, sostiene que Tlaxcala es de los 12 estados de la república cuyos delitos contra el honor no han sido derogados. Y en ese año registró un incremento preocupante en agresiones contra la prensa: diferentes funcionarios integrantes del gabinete más cercano al gobernador Mariano González Zarur, -como los secretarios de la función pública, finanzas, salud y el oficial mayor- interpusieron por lo menos seis denuncias penales por difamación en contra de periodistas.
Además durante el primer trimestre del año 2013 se habían documentado ocho amenazas en contra de periodistas en el estado.
En ese sentido, es preciso recordar que la tarde del 10 de abril del 2013, el juez penal de Tlaxcala, Lázaro Castillo García, dictó auto de formal prisión en contra del director de e-consulta Tlaxcala, Martín Ruiz Rodríguez en el distrito de Sánchez Piedras, después de ser acusado difamar al Oficial Mayor del Gobierno, Ubaldo Velasco Hernández.
Tres días antes, el 7 de abril, Martín Ruiz Rodríguez había sido detenido y liberado después de pagar 35 mil pesos por fianza. El Oficial Mayor se sintió agraviado y lo denunció por difamación cuando el periodista lo llamó “viejito maniatado”, “mediocre” y lo acusó de pronunciar un “discurso estrambótico” en su blog llamado “Señorío Tlaxcalteca”.