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Durante la sesión plenaria de este día, los integrantes del Congreso local desecharon las denuncias realizadas contra del expresidente, exsindico extesorero del municipio de Apetatitán de Antonio Carvajal, debido a que se justificaron intereses particulares de los denunciantes y no correspondían al bien común.
Ante falta de pruebas para proceder contra los exfuncionarios municipales, los integrantes del Poder Legislativo local determinaron que no son procedentes las denuncias que en su momento presentaron Araceli Polvo Escobar y Horacio Tuxpan Sánchez, quienes acusaron de cometer el delito de peculado a los expresidente, exsíndico y extesorera, Raúl Acoltzi Nava, Javier González Corona y Nohemí Arredondo Bolaños, respectivamente, para lo que solicitaban someter a los exfuncionarios a juicio político.
De esa manera en la lectura de los resultados del análisis del caso, los integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidades Municipales, determinaron que “el juicio político tutela el interés público y no intereses particulares, en tanto que su único objetivo es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública. Por tanto, el denunciante de un juicio político, aun cuando estime que la conducta de los servidores públicos denunciados le afectó en sus intereses particulares, carece de interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo las decisiones que emite el Congreso del Estado”.
Sumando a lo anterior el hecho de que el juicio político no es la vía para satisfacer las pretensiones del denunciante, la denuncia objeto de estudio debe desecharse por notoriamente improcedente al no cumplir lo previsto por la Ley Reglamentaria, determinaron.
En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se solicita a los 60 ayuntamientos y al poder Ejecutivo del estado realicen las acciones necesarias para que se cumpla con lo que establece la ley general del sistema nacional y de seguridad pública y de la carrera judicial y de profesionalización, la cual fue turnada a comisiones para su análisis.