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  • Lucía Pérez
El 1 de octubre el órgano garante denunció ante la PGJE al alcalde de Quilehtla por incumplir con la entrega de información.

La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (Caiptlax), tiene enlistados a una serie de sujetos obligados entre municipios, dependencias y partidos políticos que podrían ser denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por incumplir con la Ley de Acceso a la Información.

En entrevista, la presidenta del órgano garante María Aida González Sarmiento recordó que el primer caso de denuncia ante la PGJE por posible incumplimiento del servicio público se registró hace unos días contra el presidente municipal de Santa Cruz Quilehtla, José Cirilo Pichón Flores, quien desde hace un años ignoró múltiples requerimientos del órgano de transparencia para que diera cumplimiento con la Ley de Acceso a  la Información Pública para el Estado de Tlaxcala y dar contestación a una solicitud de información.

En esta situación la presidenta de la Caiptlax  dijo que se encuentran varios  entes obligados a transparentar información pública, por lo que llamó a quienes tienen solicitudes y requerimientos pendientes a que cumplan con la ley para evitar denuncias basadas en el artículo 151, fracción II del Código Penal para el Estado de Tlaxcala.

Comentó que el artículo antes referido específica  que “es delito de incumplimiento  del servicio público impedir el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento, resolución judicial o administrativa y puede ser sancionado de tres meses a cinco años de prisión y multa de dieciocho a trescientos sesenta días de salario”.

Por ello, González Sarmiento soltó “están a tiempo los sujetos obligados, ellos saben los que están incumpliendo y es un llamado para que se pongan al corriente en dar la información entiendan que la información que genera la autoridad no es propiedad personal es un bien público”.

Además, recordó que a ocho años de iniciado el tema de transparencia en el estado “todavía algunas autoridades no lo toman tan en serio como  es, no lo digo en calidad personal sino por la necesidad de ajustarnos todos al marco legal”.

 

 

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