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Con la intensión de lograr la igualdad y erradicar prácticas lascivas como la homofobia y la exclusión, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Angélica Zárate Flores, presentó la iniciativa para armonizar la ley local con la federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La diputada explicó en sesión ordinaria que con la armonización de la ley se adoptarán, en general, los lineamientos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ello prevé la creación del Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar la Discriminación.
Agregó que entre las facultades que tendrá ese consejo se establece que dispondrá de medidas administrativas para prevenir y erradicar la discriminación, entre ellas la de restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria; la compensación por el daño ocasionado, amonestación pública; disculpa pública o privada y la garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social discriminatoria.
En la exposición de motivos, la diputada precisó que previo análisis a la ley federal, concluyó que el Estado Mexicano debe atender los tratados internacionales y reconocer derechos y libertades de los que toda persona debe gozar sin discriminación y con relación a los cuáles los poderes públicos federales tienen el deber de adoptar medidas para proveer a tal fin.
Por ello, se pronunció por armonizar la norma local con la federal para ello, pidió adicionar y reformar diversas disposiciones para contemplar acciones y medidas administrativas para garantizar que toda persona tiene derecho a no recibir tratos discriminatorios.
“Como discriminación entendemos la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.
Zárate Flores explicó que como practicas discriminatorios quedan entendidas aquella que impidan el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, por razón de sexo, de raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la condición social o económica, las características físicas, la edad, la preferencia sexual.
En esa misma sesión ordinaria, el diputado independiente Baldemar Cortés Meneses, presentó el proyecto de decreto para expedir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala.
En ese iniciativa, el diputado expuso que en la actualidad en el Estado de Tlaxcala no contamos con una regulación que apoye a los defensores de derechos humanos, no debemos pasar por alto el riesgo que ha tomado en el país la profesión de periodista es necesario la creación de un marco jurídico que proteja a estos dos sectores de la población.
“La propuesta tiene sentido porque los Estados, los Organismos Internacionales de protección de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación han registrado un incremento de denuncias de agravios/agresiones contra periodistas, lo que evidencia a partir del número de denuncias, quejas o publicación de los hechos, sin que ello signifique que el fenómeno estuviera ausente en décadas anteriores”, agregó.
Cortés Meneses, refirió que pare el caso de Tlaxcala se han dado agresiones verbales e intimidaciones, por ejemplo el caso que aparece en el Mapa de Agresiones tiene documentado el “acoso legal al columnista Martín Ruíz”, acusado de difamación y denunciado por el Oficial Mayor de Gobierno de Tlaxcala, Ubaldo Velazco Hernández, fechado en abril de 2013.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala en el año 2013 inició de oficio un expediente de queja por violaciones a los derechos humanos de 12 periodistas y fotoperiodistas de la entidad, presuntamente perpetradas por docentes del Movimiento de Bases Magisteriales, durante una movilización a la que convocó la organización gremial con motivo del día de trabajo.
En ese mismo año, la Unión de periodistas del Estado de Tlaxcala denuncio que nueve comunicadores fueron agredidos la noche del lunes por habitantes de la comunidad de Acxotla del Monte, Municipio de San Luis Teolocholco, durante la cobertura del rescate de funcionarios tras llevarse a cabo operativo contra la trata de personas.
La iniciativa de ley consta de 62 artículos, 13 Capítulos y 14 transitorios, y fue enviada a las Comisiones de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales para su análisis.