Tlaxcala, Tlax; a 15 de enero de 2016.- En su “Mensaje Ciudadano”, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, dijo que “en cinco años, se realizaron más de 55 mil operativos interinstitucionales, impulsamos políticas públicas de prevención del delito, con especial énfasis en aquellos que atentan contra la dignidad humana y los grupos vulnerables”.
Hemos prestado servicio integral de asesoría jurídica, psicológica, social y médica a más de tres mil mujeres. La trata de personas… un flagelo social, un cáncer que combatimos, día a día, de manera frontal y sin descanso.
“El gobierno ha realizado operativos que han permitido rescatar a 211 víctimas de las cuales, 85 son menores de edad y se clausuraron 263 establecimientos. Se han obtenido 12 sentencias condenatorias, cosa que no había sucedido”.
El estado ha sido reconocido en nueve ocasiones por su lucha contra la trata de personas: en las reuniones de procuradores de la república, por la cámara de diputados federal, por organizaciones civiles, y por el ex embajador norteamericano Anthony Wayne.
LO QUE DICEN LAS ORGANIZACIONES
Integrantes de Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala, definieron en un informe estatal que en Tlaxcala la lucha contra la trata de personas ha sido de simulación y fracaso.
Advirtieron que a poco más de un año de que culmine el periodo de gobierno de Mariano González Zarur, “su empecinamiento en una política de simulación y de ocultamiento de información lo hacen responsable del fracaso de su gobierno frente a la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala y de que este delito haya crecido durante su mandato”.
En detallado informe, los luchadores sociales que pidieron el anonimato por temor a represalias, indicaron que un dato importante a señalar respecto al Reporte de Trata de Personas éste indica que ya son más de 35 municipios los involucrados.
“Los esfuerzos de la ley se enfocaron en investigar los bares y clubes nocturnos por irregularidades administrativas, en lugar de generar operativos con base a la inteligencia en contra de los tratantes”, denunciaron.
Esto, es claro de observar en el estado de Tlaxcala.
Respecto al proceso de atención se señala que las víctimas temían identificarse dijeron que esto ocurre “debido a su miedo de represalia por parte de los tratantes, la carencia de servicios especializados o la falta de confianza en las autoridades”.
Respecto a la prevención el reporte señala que “los esfuerzos de prevención en general fueron inadecuados dada la magnitud del problema”.
EVALUACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO
Tlaxcala desde hace décadas ha sido señalado como un estado donde operan redes de trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual, durante el sexenio de Héctor Ortiz el problema fue negado, pero ahora es peor la simulación.
Especialmente desde que en Estados Unidos de Norteamérica, se iniciaron procesos contra personas originarias de este Estado como fue el caso Carreto en 2004.
A partir de 2006, la presión ciudadana ha obligado al gobierno a generar leyes y políticas públicas para prevenir el delito, proteger a sus víctimas y castigar a las redes. Pero vergonzosamente el problema ha crecido.
Ello en buena medida se debe a que el actual gobierno encabezado por Mariano González Zarur, actuó a partir de una “política de simulación y de ocultamiento de información”.
Dijeron que evaluar la política pública es una tarea difícil, ante gobiernos que establecen políticas deliberadas de ocultamiento, tal y como lo ha hecho Mariano González Zarur.
Ante la búsqueda ciudadana para conocer la información respectiva a los resultados del Plan Sexenal contra la Trata de Personas, la actuación de las diversas autoridades que forman parte del Consejo fue remitir dichas solicitudes.
ENCRIPTAN INFORMACIÓN DOS SEXENIOS
En sesión del 15 de agosto de 2014 determinó, sin mayor fundamento, reservar la información por 12 años, lo cual fue validado por la Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (Caiptlax).
Este hecho por parte de Caiptlax, la vuelve cómplice del actuar del gobierno estatal.
Lo anterior llevó a la presentación de un juicio de amparo, interpuesto ante el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala el 6 de octubre de 2014.
Dada la sentencia que determinó debería fundamentar las razones por las que no era posible entregar la información, el Consejo convocó a Reunión Extraordinaria, misma que se extendió a tres sesiones.
Pero únicamente para discutir el fundamento de por qué se reserva la información solicitada.
El 21 de julio del presente año el Consejo Estatal contra la Trata de Personas determinó que “es de clasificarse y se clasifica como información reservada, a partir de esta fecha”.
Hasta en tanto tenga vigencia el actual Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas y de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas y/o hasta por el termino de máximo de 12 años.
Toda la información que derive de la ejecución de las acciones y que sea relativa a diagnósticos, perfiles sicosociales de las víctimas potenciales de trata de personas, fichas de identificación de trata de personas.
Así como mapas territoriales de los posibles focos rojos de atención, planes, programas, modelos y procedimientos de protección, procesos, expedientes, protección y atención especial.
Investigaciones, cartilla de obligaciones del personal docente y análogo, manuales, entre otros relativo a impartición de cursos para construcción social de género.
Información sobre los lugares que donde están establecidos en los centros especializados para jóvenes varones y demás información relacionada que compete a este Consejo y a las instituciones que integran el mismo.
Argumentando que de hacerse pública dicha información “pondría en riesgo todas las medidas tendientes a salvaguardar la vida, la integridad, la libertad y seguridad de las víctimas y de los delincuentes”.
Es importante señalar que en ningún momento se solicitaron datos personales de las víctimas.
LO QUE DICE LA LEY
Hay que recordarle al gobierno, que de acuerdo al artículo 108 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que:
Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total.
De acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.”
Lo que están haciendo con este nuevo acto de autoridad es justo emitir un acuerdo de carácter general sin analizar y fundamentar documento por documento en los que se expresan claramente las diversas informaciones solicitadas.
Asimismo, el artículo en mención señala “En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información, lo que resulta relevante dado que varios de los documentos que se están solicitando.
Por ejemplo la Cartilla de Obligaciones para personal docente, ni siquiera existen, entonces ¿cómo es que la autoridad pretende sostener de nueva cuenta su determinación de reserva sin que siquiera existan algunas de las informaciones solicitadas y, por lo tanto, sin que se sepa cuáles son sus contenidos?
Además el artículo mencionado señala en su párrafo tres que, “la clasificación de información reservada debe realizarse conforme a un análisis caso por caso mediante la aplicación de la prueba de daño”, lo que no se aprecia en el documento de la sesión extraordinaria.
Lo anterior violenta no solo el derecho al acceso a la información sino también a la participación en la vida pública y por tanto en la democracia, al mismo tiempo impide una valoración de los gobernantes por parte de su ciudadanía.
Actualmente nos encontramos en un recurso de revisión.
LA VERDAD SIEMPRE SALE A FLOTE
Pese a lo anterior y a esa actitud de ocultamiento de información por parte del Consejo Estatal, se ha seguido solicitando información por otras vías y con ella se puede llegar a las siguientes valoraciones respecto al actuar de las instancias gubernamentales.
El año pasado habíamos señalado que de 2008 a 2014 habían aumentado de 23 a 35 los municipios con indicios de trata (Familias dedicadas a la trata, presencia de víctimas o lugares donde se identifica explotación).
Este diagnóstico fue una muestra clara de que el gobierno no ha realizado las acciones necesarias para al menos contener lo que él mismo llamó “La leyenda negra”.
Consideramos que este crecimiento no es casual, tiene que ver con una mala acción o la omisión de las autoridades.
EL PAPEL DE LA PGJE
El tres de agosto del año pasado, la procuradora de Justicia del Estado de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, señaló a medios de comunicación que “el número de denuncias por el delito de trata de personas ha disminuido en un 70 por ciento, ya no es el mismo número de denuncias que recibimos al inicio de la administración.
En este año tenemos recibidas, si no mal recuerdo, 10 o 12 denuncias”.
Este argumento es ilógico y no debe verse como como un logro, pues no tiene sentido en una realidad donde el delito crece, lo más lógico sería que si crece el delito crezcan las denuncias.
Podemos observar cómo ha sido el comportamiento de las denuncias en relación con su proceso y culminación, así como encontrar algunas explicaciones lógicas del por qué la disminución de las denuncias.
El cuadro nos muestra como un alto número de denuncias presentadas de 2011 a 2015 se registran como Actas Circunstanciadas, es decir que no tienen un proceso de investigación.
El 2011 es emblemático pues de 73 denuncias 64 quedaron como actas circunstanciadas, es decir el 88 por ciento.
Ya en 2008 la investigación de Patricia Olamendi señalaba que un alto número de denuncias contenía datos que la hacía viable para la investigación de tratantes, sin embargo no se actuó debidamente.
Es necesario revisar si no se continúa procediendo de la misma manera, pues ello sería sumamente grave.
Hay un número mínimo de sentencias en relación con las denuncias, muestra clara de ello son los años 2011 y 2012 en los cuales de 73 y 56 denuncias solamente se alcanzaron una y dos sentencias respectivamente.
Aunado a lo anterior en 2013, de 4 sentencias dos fueron de carácter absolutorio.
Esta falta de acceso a la justicia y de sanción a las redes de trata ha generado una alta desconfianza en las autoridades y una caída constante de denuncias, tan así que en el presente año solo se reportan 6 y solo una está registrada como averiguación Previa.
Es claro que la trata ha crecido y por tanto debe haber un mayor número de víctimas y de denuncias.
El gobierno de Mariano González Zarur ha conocido 185 casos de trata de mujeres. Teniendo en cuenta que hay poca confianza y condiciones para la denuncia, es un número muy alto.
Sumado a todo lo anterior cabe señalar que a la fecha no existe una sola sentencia que determine la extinción de dominio, lo cual es fundamental para minar la estructura financiera de las redes.
En este sentido es preocupante que se esté impulsando reformas al primer párrafo del artículo 6 de la Ley de Extinción del Estado de Tlaxcala, planteando eliminar el delito de trata de personas para efectos de la aplicación de la extinción de dominio de las redes de tratantes.
Argumentando que solo es competencia federal legislar las sanciones de la Trata de Personas, en lugar de plantear la armonización de la Ley federal de extinción de dominio y la Ley federal contra la delincuencia organizada.
Las cuales son reglamentarias del artículo 22 Constitucional. De llevar adelante la iniciativa propuesta, el Congreso deja en mayor impunidad la operación de las redes de trata y favorece sus procesos de acumulación de recurso financiero.
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Respecto a la atención a víctimas la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala reporta de 2011 a Agosto de 2015 el rescate de 126 víctimas, de las cuales solo 15 fueron canalizadas a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Esto quiere decir que 111 víctimas no accedieron a protección y atención.
A este análisis hay que sumar que el Reporte de Trata de Personas 2015 señala que “los fondos del gobierno para servicios especializados y refugios permanecieron inadecuados y estos servicios son prácticamente inadecuados”.
En términos de la persecución del delito de enero a Julio del presente año “no se ha registrado la captura de alguna persona responsable del delito de trata de personas”.
En 2015 solamente se han interpuesto siete denuncias, de las cuales solo una tiene status de averiguación previa.
Lo anterior da cuenta clara del por qué año con año el número de denuncias cae y de por qué el delito crece.
EL ORIGEN DE TRATANTES DETENIDOS
A pesar de que el gobierno se ha negado a entregar el Diagnóstico que se debe elaborar de acuerdo al Objetivo 1.1.1 del Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas.
Es posible tener una idea del mapa delictivo con la información que actualmente tiene el gobierno a partir de los datos estadísticos que ha enviado a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, en la que refiere:
Las víctimas tienen entre 12 a 36 años. Confirmamos que hay niñas tratadas.
Las víctimas son originarias de los municipios de Acuamanala, Xicohtzinco, Quiléhtla, Teolocholco, Tenancingo, Zacatelco, Papalotla y San Pablo del Monte e identificaron a víctimas originarias de los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Morelos y el Distrito Federal.
Respecto al origen de los tratantes, estos son de los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte, Acuamanala, Zacatelco, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Calpulalpan, Teolocholco, Papalotla, Xicohtzinco, Totolac y Xaloztoc.
Reconocen también que los mecanismos de reclutamiento son: Avisos fraudulentos que prometen empleos, promesas de matrimonio o viajes turísticos y qué usan como mecanismo de coacción la fuerza, privación de la libertad, presión de personas cercanas.
Este conjunto de datos presentados, son algunos de los solicitados a las dependencias que integran el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, organismos que reservo por 12 años esta información y otra con el argumento de poner en riesgo la vida e integridad de las víctimas.
La Ley para la prevención de la trata de personas en su artículo 12 plantea que “El Consejo deberá rendir un informe público anual de las acciones realizadas”.
En la revisión de los informes públicos a los que se pudo acceder se llega a la conclusión de que no se encuentran vinculados al cumplimiento de la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas ni a su Plan Estatal Sexenal.
No se muestran mecanismos claros de atención, protección, investigación y sanción.
No se informa sobre los recursos destinados para las acciones ni los resultados que se han tenido en torno a los criterios de los cinco ejes establecidos en la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas y que a continuación recordamos:
• Disminución de las aspiraciones en los habitantes del Estado a ser tratantes.
• Conocimiento de las mujeres del riesgo a ser tratadas.
• Número de víctimas registradas, atendidas y reincorporadas.
• Número de protecciones y custodias a víctimas, familiares y testigos.
• Número de averiguaciones previas iniciadas, en investigación, consignadas, sentencias condenatorias y reparación del daño.
• Número de sanciones a los dueños y administradores de los lugares de explotación.
• Número de acciones eficaces planeadas y ejecutadas de forma coordinada entre las instituciones y dependencias de la Administración Pública Estatal.
Es importante señalar que a la fecha el gobierno del Estado no se ha sometido a lineamientos de evaluación Federal por las acciones y programas respecto a la Trata de Personas.
Obligación establecida en el artículo 113, fracción VII de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
EXCLUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Afirmamos que el gobierno de Mariano González Zarur, se caracteriza por ser un gobierno antidemocrático, un claro ejemplo de ello es la modificación en noviembre de 2014 del Reglamento Interior del Consejo Estatal contra la Trata de Personas.
Ahí se es donde quita derechos a la sociedad civil, modificando el artículo cuarto, con lo cual se elimina el voto de las organizaciones que participan en el Consejo, cuando que el primer Reglamento aprobado en junio de 2010 se estableció que las organizaciones al ser parte del Consejo tenían derecho a voz y voto.
Este acto ilegal lo vemos directamente relacionado con la Iniciativa de reforma realizada por la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández el 5 mayo del presente año.
Propone que las organizaciones solo sean consideradas invitadas, derogando la fracción de X del artículo 6 de la Ley para la Prevención de Trata de Personas y que al ser invitadas solo tengan derecho a voz.
Con la reforma ilegal al Reglamento y la propuesta de reforma se nulifica la participación democrática de la sociedad civil pues no permite un cuestionamiento, evaluación e incidencia a las instituciones responsables de la aplicación de la política pública.
Es grave que actualmente solo exista la participación de una organización de la sociedad civil como parte del Consejo, el Instituto de Desarrollo Comunitario, cuando que la Ley aun la participación de cinco organizaciones de la sociedad civil.
También es grave que esta organización no haya denunciado públicamente la actuación antidemocrática del Gobierno y su omisión en la aplicación de la Ley y la Política Pública.
De aprobarse la iniciativa propuesta por la Diputada Sinahí, el Congreso del Estado se convertiría en cómplice del proceder antidemocrático del Ejecutivo, además de continuar siendo omiso de sus facultades y el equilibrio de poderes.
Debido a que no ha llamado al Ejecutivo a rendir cuentas ante el fracaso en la lucha contra la trata de mujeres y niñas en el Estado.
FALSOS RECONOCIMIENTOS AL ESTADO
Lamentamos que en este proceso de simulación el Gobierno sea apoyado por actores externos como la Organización Unidos contra la Trata, quién le ha entregado dos reconocimientos.
Todo esto, sin hacer antes una valoración real de las actividades, resultados y cómo directamente contribuyen estas acciones a la disminución y erradicación de trata de personas, lo cual no ha sido logrado por este gobierno.
Este análisis demuestra y confirma las valoraciones del Reporte sobre la Trata de Personas 2015 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, respecto a que no está haciendo lo suficiente para prevenir la trata.
No hay mecanismos claros, ni suficientes para proteger y atender a las víctimas ni acceso a la justicia, sumado a lo anterior no hay sanciones suficientes que desinhiban la comisión del delito ni extinciones de dominio que afecten los recursos económicos de las redes.
Ello demuestra a poco más de un año de que culmine el periodo de gobierno de Mariano González Zarur su empecinamiento en una política de simulación y de ocultamiento de información lo hacen responsable del fracaso de su gobierno frente a la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala y de que este delito haya crecido durante su mandato.
LA SENADORA ADRIANA DÁVILA Y SUS LOGROS
Para los Impulsores de la Iniciativa Popular Contra la Trata de Personas, los resultados que ha entregado la senadora del PAN, Adriana Dávila se cifran en que la realidad es que no ha colaborado “los hechos así lo demuestran”.
No hay disminución palpable en la problemática, vemos que mucho se ha politizado y las acciones que está realizando no se reflejan en la disminución de la trata de personas.
“Adriana Dávila también debería de impulsar el movimiento de la política pública que ya existe en Tlaxcala, en el Plan Sexenal, para cada una de las secretarías, pero ella no lo está impulsando”.
“Pareciera que más bien solo se trata de una promoción partidista, y no una preocupación real por las víctimas”, revelaron.
Este informe cuenta con el aval y la elaboración de las Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala: Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar de Atlihuetzía, Comité de Derechos Humanos Los Jicotes de Xicohtzinco; Comité de Derechos Humanos Nueva Vida a la Luz de Evangelio de San Juan Huactzinco.
Comité de Derechos Humanos Semillas de Esperanza de San Rafael Tenexyecac, Comité de Derechos Humanos San José de Nanacamilpa, Comité de Derechos Humanos para una Vida Digna de San Baltazar Temaxcalac, Puebla.
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Centro de Economía Social Julián Garcés, A.C.; Pastoral Social de Zacatelco, Pastoral de Derechos Humanos, Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco; 1, 2, 3 por ti, por mí y por todos A.C.
Grupo Interdisciplinario para el Apoyo Comunitario, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Arquitectos Ecologistas de México, Red de Jóvenes hacia la Igualdad de Género.