- Congreso
Con el propósito de eliminar las barreras que existen para que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia y disminuir cualquier situación de desventaja, el diputado local del PAN, Julio César Álvarez García, presentó el proyecto de decreto para reformar y adicionar el contenido de algunos artículos de la Ley para Personas con Discapacidad para el Estado de Tlaxcala.
En sesión ordinaria del Congreso del estado, el diputado local presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el contenido del artículo 8; se adiciona a la Sección Octava el “Acceso a la Justicia” conformado por los artículos 53 Bis, 53 Ter, 53 Quater; todos de la Ley para Personas con Discapacidad para el Estado de Tlaxcala.
De inicio, el legislador definió que una persona con discapacidad es aquella que presenta una diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, que no se limita a una enfermedad o cuestión hereditaria, sino también puede ser ocasionada por algún accidente o por edad; y que debido a las diversas barreras a las que se enfrenta en su entorno, le impide una participación plena y efectiva en igual de condiciones que las demás personas.
Al presenta esas características “la sociedad los va segregando y les impide desarrollarse plenamente de acuerdo a sus capacidades en el ámbito, social, laboral, institucional, civil, político y económico; propiciando una carencia notable de sus derechos ciudadanos.”
Ante ello, ha sido necesaria la existencia e implementación de ciertos mecanismos tanto culturales, sociales y jurídicos para que las personas con discapacidad puedan gozar de una calidad de vida mejor, pero sobre todo para que sean reconocidas como personas titulares de derechos humanos partícipes de la sociedad.
Por eso, la propuesta del legislador –explicó- “tiene como finalidad plasmar las directrices o lineamientos a seguir, por parte de las y los juzgadores, en aquellos casos que involucren a personas con discapacidad, eliminando las barreras a las que se enfrentan constantemente en las instituciones de nuestro Estado en el ejercicio de sus derechos”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y posterior dictaminación.