- Tlaxcala
Por violaciones cometidas a los derechos humanos de los jubilados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador del estado, Mariano González Zarur y a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Karina Edith Torres Vázquez.
La CNDH confirmó que luego de examinar las evidencias integradas al expediente CNDH/6/2015/379/RI, derivado de la declinación de competencia por parte de la JLCA y de un recurso interpuesto contra la misma por la parte quejosa se acreditaron diversas violaciones a los derechos humanos, entre ellos la justicia.
Y es que personal de la Junta Especial Número Uno de la JLCA de Tlaxcala mantuvo archivados por casi tres años dos de los expedientes en trámite iniciados en 2010, además de que no hubo la diligencia en la debida conducción del proceso laboral, lo que ha impedido se dicten los laudos correspondientes a más de cinco años de iniciados los juicios.
Aunado a que se acreditaron violaciones a los derechos humanos , así como a la integridad personal y al trato digno por parte de autoridades del gobierno del priísta Mariano González Zarur que ordenó, coordinó y ejecutó el operativo realizado el pasado 14 de mayo de 2014 con uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública contra personas jubiladas que se manifestaban por la falta de información sobre la situación que guardaban los juicios referidos.
Es por esto que el Organismo de derechos humanos solicitó a las autoridades llevar a cabo las diligencias y gestiones que en derecho procedan con la intención de terminar la debida integración de los expedientes laborales para que a la brevedad sean dictados los laudos correspondientes.
Asimismo, se iniciarán los procedimientos administrativos que correspondan para sancionar las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron los servidores públicos, afectando el derecho a la justicia y su misma integridad.
Además de que se regulen los protocolos para que se regule el uso de la fuerza pública y se capacite al personal de la JLCA, así como a los elementos de seguridad pública de la entidad, en temas de derechos humanos en general, y en específico,, sobre los derechos trasgredidos.