- Política
Tras una serie de demandas ciudadanas, la Senadora de la República Adriana Dávila, exigió a los responsables de la Coordinación General de Ecología (CGE) del gobierno del estado, a que aclaren públicamente sobre la actual situación del funcionamiento de los 32 verificentros ubicados en territorio de Tlaxcala.
Y es que existe información en el sentido de que por instrucciones de los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis se obliga a los responsables de la operación de los centros de verificación en Tlaxcala, a adquirir dinamómetros con una única empresa a un precio de 1.2 millones de pesos, costo muy superior a lo ofertado en otras compañías.
En conferencia de prensa, la legisladora por Tlaxcala explicó que si bien la Comisión Ambiental de la Magalópolis busca regular las actividades que resulta en un impacto a las condiciones ambientales de la zona conurbada de la Ciudad de México, no pueden imponer la compra de aparatos de medición.
Denunció que no sólo es este acto “ilegal”, sino que también los propietarios de las concesiones de los verificentros deben pagar 80 mil pesos más para conseguir la certificación con la misma empresa, cuando en otras alternativas el precio es de 50 mil pesos.
Indicó que esta determinación pone en desventaja a los verificadores tlaxcaltecas, en virtud de que carecen de recursos económicos, por eso, insistió en que funcionarios de la CGE están obligados a rendir un informe ciudadano y descartar supuestos actos de corrupción al interior de esta dependencia estatal o de la Megalópolis.
Refirió que su posición como Senadora de la República la faculta a exigir cuentas claras cuando una situación lastime a los sectores más vulnerables, como este caso.