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Por incurrir en daño patrimonial, desvío de recursos, y otras anomalías en la aplicación de las finanzas públicas, los integrantes del Congreso del Estado determinaron no aprobar las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Contla, Chiautempan, Nativitas, Tepetitla, Xaloztoc, y Xiloxotla, además las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado de Chiautempan y Zacatelco.
En la lectura del dictamen de Contla de Juan Cuamatzi que presentó la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, se dio a conocer que la comuna presidida por Filemón Acoltzi Nava registró un mal manejo de la administración municipal generando un probable daño patrimonial por el orden de los 10 millones de pesos (el 9.3 por ciento de su presupuesto), por lo cual propusieron la no aprobación de su cuenta pública.
Ello a pesar de que la autoridad continuó solventando observaciones logrando disminuir esa cantidad a 7 millones de pesos, sin embargo con ello no consiguió cambiar el sentido negativo de sus registros financieros.
En el caso del municipio de Nativitas encabezado por Cuauhtémoc Barranco Palacio, la comisión informó que se registraron observaciones no solventadas por probable daño patrimonial por el orden de los 4 millones 833 mil pesos, que representa el 9.6 por ciento del presupuesto total, entre las anomalías que destacan están sueldos pagados no devengados, deudores diversos, gastos a comprobar, falta de bienes, entre otros.
El alcalde continuó solventando las observaciones del OFS y consiguió disminuir el monto de daño patrimonial a 3 millones, no obstante no logró cambiar el sentido negativo de su cuenta pública.
La cuenta pública del municipio de Chiautempan, encabezado por Antonio Mendoza Romero, también fue reprobada, al registrar probable daño patrimonial y desvío de recursos en perjuicio de la arcas del ayuntamiento por un monto de 59.9 millones de pesos que representan el 44.4 por ciento de los recursos ejercidos en 2015. Aunque el municipio continuó presentado documentación comprobatoria para disminuir el monto, y lo hizo a 16 millones de pesos, no fue cambiado el sentido negativo del dictamen.
Para el caso de Tepetitla de Lardizábal, encabezado por Hugo Celis Galicia, la Comisión de Finanzas informó que el OFS registró probable daño patrimonial por un monto de 24.7 millones de pesos, monto que representa el 51 por ciento del recursos total ejercido en 2015. Y por continuar aportando documentación comprobatoria para disminuir el monto de daño que fue valorada y analizada por el OFS y la Comisión la cantidad disminuyó a 15 millones que no fueron suficientes para cambiar el sentido reprobatorio de la cuenta.
Posteriormente, la Comisión de Finanzas reveló que el municipio de Xaloztoc también presentaba un dictamen en sentido reprobatorio, por probable daño patrimonial por la cantidad de 13 millones de pesos, lo que representa el 21. 9 por ciento del total de los recursos ejercidos por el municipio el año pasado
En el informe de resultados del municipio de Xiloxoxtla presidido por Enrique Sánchez Tlapapal, se dio a conocer que registró probable daño patrimonial por 2.6 millones de pesos, por lo que se propuso la no aprobación de los estados financieros.
También fueron reprobados los estados financieros de las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Chiautempan y Zacatelco, a cargo de Maurilio Vega Vázquez, y Lauro Lucio Tecocoatzi Herrerías, respectivamente, pues registraron probable daño patrimonial y desvío de recursos, en el sengundo de los casos, lo que derivó en la deficiencia en la prestación de los servicios encomendados a dichos entes.
La mayoría, sino es que todos los dictámenes, fueron aprobados por 18 de los 31 integrantes de la LXI legislatura, los cuales permanecieron en la sala de sesiones con lo que procuraron conservar el quórum legal para sesionar.
Además, en todos los casos, el Congreso instruyó al OFS a realizar las denuncias penales en contra de los ayuntamientos, así como informar a la federación de la situación de cada caso, para llevar a cabo los procedimientos respectivos e iniciar con procesos administrativos de responsabilidad indemnizatoria en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en anomalías.