• Tlaxcala
Eliminaron a participantes sin argumentos legales firmes, la resolución está en manos de la justicia federal.

Este día entran en funciones los nuevos Comisionados que fueron designados por el Congreso del Estado, para integrar el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado, que resultaron ser Marlene Alonso Meneses, Francisco José Morales y José David Cabrera Canales, quienes fueron nombrados como Comisionados por siete, cinco y tres años, respectivamente y como Presidente del Consejo General la primera de ellos.

No obstante que han iniciado sus funciones, debemos recordar que sus designaciones y permanencia se encuentran en riesgo, pues en el proceso de selección fueron eliminadas dos de las participantes Lucero Romero Mora y Jakqueline Ordoñez Brasdefer, que de acuerdo a la información divulgada por el ex diputado local Lincoln Rodríguez, quien fungió como Presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, dichas participantes fueron eliminadas debido a que no cumplieron con los requisitos de elegibilidad, específicamente por ser funcionarias con dirección de mando, la primera en el mismo IAIP y la segunda en la CEDHT.

Sin embargo, el impedimento legal a que se refiere la Ley de Transparencia sólo opera para quienes ostenten algún cargo de Dirección o con funciones de mando, dentro de la Administración Pública, ya sea Federal, Estatal o Municipal y no establece restricción alguna para quienes ostenten algún cargo en un Organismo Constitucional Autónomo como el  propio Instituto de Acceso a la Información Pública o la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Inconformes con esa determinación, ambas participantes promovieron Juicios de Amparo, argumentando no desarrollar en sus respectivos cargos Funciones de mando, pero sobre todo que ambas se desempeñan en Organismos Públicos Autónomos, que conforme a las Constituciones Federal y Local no pertenecen a la Administración Pública Federal, Estatal o municipal y que por tanto les fueron violados sus Derechos Humanos al impedirles participar en el proceso de selección a pesar de cumplir con todos y cada uno de los requisitos legales.

 En su momento, el ex diputado local Lincoln Rodríguez informó que para acreditar que ambas participantes no cumplían con el requisito legal en cuestión, realizó una llamada telefónica a sus respectivos centros laborales, lugares en los que le informaron que se desempeñan como “Directoras”, lo que a su criterio fue suficiente para darlas de baja del proceso de selección, con lo que se presume que dicha determinación se hizo de manera “simplista”, cuando debió haberse realizado un análisis jurídico y responsable respecto de las funciones que realizan cada una de esas participantes y si el cargo que desempeñan de acuerdo a la ley les confiere facultades de mando, pero sobre todo si los Organismos en los que laboran pertenecen o no a la Administración Pública Estatal.

Por lo que de resolver la Justicia Federal la procedencia de los amparos interpuestos, quedará sin efectos legales la designación de los Comisionados del IAIP, quienes en su caso sólo permanecerán en funciones hasta que culmine la reposición del procedimiento de selección, el cual quedará en manos de los actuales diputados, lo que no garantiza que de nueva cuenta resulten designados los mismos comisionados.

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