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Integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, pidieron a los integrantes de la LXII Legislatura local que a la brevedad den solución a la designación del próximo presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y que para ello antepongan los intereses del Estado y prevalezca el bien común.
Mediante escrito recibido en el Congreso del Estado, Roberto Pérez Varela y Candido Portillo Cirio, mencionaron que desde el pasado 4 de agosto de 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos carece de legitimidad al no contar con un titular que haya surgido del proceso de selección que llevó a cabo el Congreso local.
Acusaron que esa situación se debe a “las diversas omisiones, errores graves e intereses políticos y perversos en los que incurrieron los integrantes de la pasada LXI Legislatura local; por ello sabedores que la actual legislatura en la que se conjuga experiencia e ideas renovadas por hacer bien las cosas en beneficio del estado y de sus representados, acudimos para solicitar solución”.
Entre los puntos, los integrantes de la sociedad civil exigieron a los diputados locales que a la brevedad se dé solución jurídica para llevar a cabo la designación del nuevo o nueva titular del órgano autónomo.
Además, pidieron a los legisladores locales “anteponer los intereses del Estado y del bien común así como el de sus representados por encima de cualquier interés personal o político en el proceso de designación del titular de la CEDH”.
Lo anterior al considerar que actualmente la institución carece de legitimidad moral para hacer señalamientos o recomendaciones en contra de las autoridades que vulneran los derechos humanos en la entidad, toda vez que Angélica Temoltzi Durante quien está al frente del organismo autónomo de manera interina carece de calidad moral para representar la institución, y agregó que “las decisiones que toma caen fuera de la legalidad, siendo autoritarias y sin fuerza jurídica; lo cual resulta lamentable y va en detrimento de la defensa de los derechos humanos del Estado”.