- Política
Se han cumplido más de 10 años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y tristemente continuada por la actual administración del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, con consecuencias devastadoras y con un recuento de daños que con solo revisar las cifras oficiales ya de por sí presumiblemente manipuladas, resultan simplemente escalofriantes.
El gobierno de la República, dicen los principales analistas, maquilla lo que es evidente para todos: violencia, muertos, desaparecidos, desplazados y la ausencia de un plan para realmente combatir a la delincuencia y que defina con toda claridad programas eficaces de prevención de la seguridad pública y la procuración de justicia.
El recuento es una rotunda derrota en una lucha contra el crimen y el narcotráfico, que se perdió desde el principio y que todos los días incrementa sus registros de hechos violentos, por el descontrol en el que opera la delincuencia organizada y el derramamiento de sangre que ya forma parte de la vida cotidiana del país.
En diferentes foros internacionales, especialistas, jefes y ex jefes de Estado, aseguran que, en varios países latinoamericanos como México, la lucha contra el tráfico de estupefacientes ha derivado en una franca derrota y que, es necesario, empezar a analizar con toda seriedad la legalización de las drogas si se desea reducir considerablemente la violencia, el crimen y el número de muertes que ha dejado el combate contra el narcotráfico.
Del 2006 a la fecha en México, más de 150 mil personas han sido asesinadas de manera violenta, de los cuales casi 80 mil han sido en el actual sexenio, según los resultados del número de víctimas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Nadie sabe con exactitud el número de desaparecidos en esta lucha sin tregua, pero se habla que los números ya rebasan los treinta mil; y qué decir de los desplazados por la violencia: del 2011 a inicios del 2017, las cifra es de más de 280 mil personas.
Por otro lado, en uno de los enunciados de la llamada “Ley de la frontera” entre Estados Unidos y México, se dice que nuestro vecino país del norte pone los consumidores y nosotros las drogas y por supuesto los muertos.
Y es que, por ejemplo, la marihuana que se consume en EUA proveniente de México, representa casi el 70 por ciento del total y aunque se dice que es de menor calidad, tiene precios más competitivos y un mercado que se estuvo expandiendo durante muchos años.
Una investigación de noviembre pasado del New York Times, especifica que “California, Nevada, Maine y Massachusetts votaron la legalización del uso recreativo del cannabis… Con estos cuatro nuevos miembros son ocho los estados de Estados Unidos —más Washington, D. C., que han regulado el consumo de la droga ilegal más popular del país, y más de la mitad su uso medicinal”.
Es muy evidente, entonces, que los EUA están creando una industria para abastecer su enorme demanda de la marihuana; y en nuestra Nación, el control, distribución interna y “exportación”, sigue en manos de la delincuencia, en un gran negocio ilícito que tiene cifras en dólares inimaginables, en el cual están involucrados obviamente los narcotraficantes con la complicidad de una parte (existe y ha existido siempre la presunción) de las autoridades.
Coincido con la propuesta de numerosas voces que piden ya se ha analice con suma responsabilidad, la legalización de la marihuana y otras drogas con fines medicinales y de control de la producción y consumo con todas las reglas necesarias para ello, considerando esta problemática en general, como un asunto de salud de interés nacional que requiere atención inmediata.
Finalmente quisiera citar a Amaya Ordorika Imaz de la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, que ha dicho: “En el caso de la marihuana no hay una sola muerte registrada como resultado de una estrategia del combate hacia las drogas. Tenemos un modelo prohibicionista que incluye una centralización o estrategia de seguridad militarizada para el combate al narco, que ha generado graves violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional”; un modelo de prohibición de las drogas que ha sido, repito, un fracaso.