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El 21 de febrero pasado, a las mujeres indígenas Teresa González Cornelio, Alberta Alcántara Juan y Jacinta Francisco Marcial, les fue otorgada su libertad por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa después de haber pasado casi cuatro años encarceladas, al ser acusadas de un secuestro de policías que nadie creyó.
Además, el mismo tribunal obligó a las instituciones de este país, particularmente a la de procuración de justicia, a pedir perdón públicamente por las “mentiras y abusos cometidos en su contra”; perdón que no es ni “será suficiente por los años de injusticias… en la cárcel hay muchos indígenas como nosotras pagando por un delito que no cometieron”, expreso Teresa González.
Las disculpas no resuelven nada, mientras en este país no exista justicia pronta y expedita para todos los mexicanos y mexicanas como Teresa, Alberta y Jacinta, que son víctimas del sistema por ser mujeres, por ser pobres y sí, por ser indígenas.
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y todavía hay mucho por hacer en cuestiones de género; las cifras oficiales (INEGI) revelan que el 15 por ciento de la población total del país es indígena, distribuida en 62 pueblos. Las mujeres indígenas son más de 8 millones, es decir más del 10 por ciento del total de mujeres mexicanas. Más de tres millones de ellas son solo hablantes de alguna lengua indígena.
Más del 16 por ciento de las mujeres indígenas son jefas de familia, pero las que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos. Los problemas de discriminación hacia la mujer indígena en México es una realidad que nos ofende a todos por los severos rezagos que padecen y que se reflejan en desnutrición, mortalidad, analfabetismo, desigualdad y violencia de género; las mujeres indígenas tienen menores posibilidades para acceder a la salud y más del 75 por ciento de ellas, que realizan trabajos diversos en su casa, en el campo o en las zonas urbanas adónde han emigrado, no perciben ningún tipo de ingresos.
Existe entonces una realidad lacerante por la grave situación en la que siguen viviendo las mujeres indígenas en nuestro país, sin que se hayan dado resultados significativos en las políticas públicas de género. Lo que sí se ha observado es la indiferencia ante esta situación y el abuso de las autoridades por la vulnerabilidad de estas mujeres, que están en total desventaja cuando se trata de defender sus derechos fundamentales.
Se dice que en México hay todavía más de 10 mil indígenas en las cárceles, la mayoría de ellos no han tenido el denominado “debido proceso”; un porcentaje alto de los presos, son mujeres que están ahí por delitos menores; el especialista en la Constitución federal, Martín Rodríguez Arellano, declaró a La Jornada en el 2016, que del total de los indígenas recluidos “el 40 por ciento no cometieron las faltas que les fincan -y no pueden defenderse porque- sólo 15 por ciento han tenido un traductor… los intérpretes de lenguas originarias están en el olvido”.
Además, el constitucionalista afirmó que “con pocos intérpretes profesionalizados y autoridades de procuración de justicia insensibles a las particularidades de los acusados (entre ellos las mujeres indígenas), tardaremos unos 10 años para que el nuevo sistema penal acusatorio los beneficie realmente”, claro, mientras el Estado no impulse “novedosas” reformas a lo ya reformado, que nos regresen una vez más al principio del problema.