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La autonomía plena jurídica y presupuestal del órgano de impartición de justicia administrativa no está garantizada.

Por ser un ejercicio a modo del Gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, promoverá una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del Sistema Estatal Anticorrupción aprobado el pasado 15 de junio que ponen en riesgo la autonomía del órgano de impartición de justicia administrativa.

Así lo advirtieron el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del albiazul, Carlos Carreón Mejía, y la diputada Guadalupe Sánchez Santiago, quienes apuntaron que el acto jurídico lo iniciarán a través de la Procuraduría General de la República (PGR) o bien las Comisiones Nacional (CNDH) o Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Señalaron que la reforma aprobada supedita el presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa al que se le asigne anualmente al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), lo que contraviene la plena independencia jurídica y presupuestaria del TJA.

“La ley aprobada por el PRI y sus aliados carece de valides, toda vez que presenta artículos que se contraponen con la Ley General en la materia (...). Para nombrar a quien encabece la titularidad de los órganos internos de control, de los órganos constitucionales autónomos,  se requiera solamente de las dos terceras partes de los diputados presentes en una sesión, partiendo del quórum legal y no del total de los diputados que integran la legislatura, es decir, existiría la posibilidad de aprobar al titular con solo nueve diputados”, resumió Carreón Mejía.

De esa manera, el dirigente panista dijo que los Ayuntamientos presididos por alcaldes panistas ya han sido enterados de las inconsistencias del Sistema Estatal Anticorrupción y en sus cabildos no aprobarán su entrada en vigor. Por su parte, Sánchez Santiago aseguró que su bancada se reservó varios artículos en lo particular para ser analizados y en su caso modificados.

Por su parte, el director jurídico del CDE panista, Juan Carlos Texis Aguilar, explicó que al no alcanzar dentro del Poder Legislativo el apoyo mínimo del 33 por ciento de diputados para comenzar la acción de inconstitucionalidad, tendrán que recurrir a las facultades contra actos de corrupción que tienen la PGR, la CNDH o la CEDH en un plazo máximo de 30 días naturales después de la aprobación del citado Sistema.