- Educación
La mafia al interior de la SEP- USET que ha defraudado a decenas de personas con la venta de plazas ahora alcanzó al regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Romero Bañuelos, a quien una persona señaló de ser parte de la delincuencia organizada que opera en la dependencia educativa para ofertar espacios a cambio de 250 mil pesos.
Anteriormente fue evidenciado por por el mismo caso a varios ex funcionarios de la era marianistas, entre ellos al mismo secretario de Educación Tomás Munive Osorno, así como a Roberto Zeferino Bravo, Juan Santillán García, Ismael Paleta y a Armando Hernández, todos ellos presuntamente coludidos para hacer un fraude a por lo menos 60 personas a quienes se les pidieron diferentes cifras.
El crimen organizado incrustado en la SEP- USET venía entregando las plazas y fue cuando se complicó la situación con la Reforma Educativa cuando empezaron a tener problemas e incumplir con la entrega de lugares, siendo el principal culpable Roberto Zeferino, quien tuvo que se cambiado para que llegara Armando Hernández.
La situación no cambió y empezaron las denuncias, lo que orilló a que se lllegara incluso a la falsificación de papeles y en algunos casos ya con la orden para presentarse en alguna institución recogerla y acusar a los agraviados de haber sido quienes falsificaron sellos y firmas.
En la mafia organizada participaría el regidor integrante de la Red Joven de Santiago Sesin, quien formaría parte del escalón más bajo de la organización que serían los reclutadores y los primeros que daban la cara como el caso de Ismael Paleta.
Erika "N" fue convencida por Mario Flores de iniciar el trámite en febrero de 2016 a través de Raúl Romero como supuesto gestor ante la Dirección de Secundarias Técnicas. Con documentos de las pruebas, a cada uno se le entregó la cantidad de 125 mil pesos con la promesa de que los participantes comenzarían a trabajar en abril de ese año o a más tardar en agosto al comienzo del presente ciclo escolar.
Al no cumplir a Erika N. y a muchos más, la afectada promovió ante el Juzgado de Juicios Mercantiles Orales del Poder Judicial de Tlaxcala, un juicio ejecutivo mercantil para cobrar los dos pagarés que en diciembre de 2016 firmó el hoy Regidor del Ayuntamiento de Tlaxcala.