- Salud
El sismo del pasado martes aumentó aún más las posibilidades de que el edificio que alberga las oficinas centrales de la Secretaría de Salud (SESA) pueda colapsar con alrededor de 400 trabajadores que laboran en estas oficinas, hecho por el que personal pide al gobernador del estado Marco Mena Rodríguez considere la situación que se vive en este inmueble y que dé prioridad a la seguridad de quienes a diario permanecen en estas instalaciones.
Una persona que laboró durante varios años en estas oficinas, relata el temor que vivió tras el sismo del martes al pensar en sus ex compañeros y en la fragilidad del edificio que carece de salidas de emergencia y que sólo tiene una entrada y salida, además de que el pasillo por el cual suben y bajan los trabajadores es insuficiente para que quepan dos personas al mismo tiempo, lo que aumenta el riesgo de que suceda una desgracia.
Y es que la narración del ex trabajador coincide con la versión del personal que trabaja en el lugar y que afirma que aun en temblores menores, el edificio cruje y el paso para salir en caso de emergencias es insuficiente para el número de personas que a diario se encuentran en las oficinas, lo que representa un riesgo latente que en cualquier momento podría convertirse en un siniestro por la omisión de las autoridades de salud.
Según personal de la SESA el edificio es rentado al gobierno del estado por cerca de 2 millones de pesos mensuales, cifra que representaría un interés para quien hizo el contrato de arrendamiento y que pone en peligro la vida de más de 400 personas que trabajan en el lugar además de quienes a diario acuden a diferentes actividades.
Trabajadores de la SESA que piden el anonimato señalan directamente al secretario de Salud, Alberto Jonguitud Falcón y a la dirigente de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Blanca Águila Lima de ser los responsables directos de que vivan a diario con la zozobra de que en cualquier momento las instalaciones se pueden venir abajo y dejar atrapadas a más de 400 personas.
Incluso señalan que la lideresa sindical habría pactado desde hace años un convenio económico para que el dueño del edificio continuará con el contrato para que el personal de la SESA continúe en estas instalaciones.