- Tlaxcala
En un hecho sin precedente a nivel nacional, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, se hizo acreedor a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por violar el derecho de seguridad jurídica, legalidad y al honor de la Jueza María Esther Juanita Munguía Herrera.
Con fecha 15 de septiembre de 2017, el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez, emitió la recomendación No. 40/2017 a Elsa Cordero Martínez Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Tlaxcala.
Nunca en la historia de Comisión Nacional de Derechos Humanos había recomendado a un Tribunal Superior de Justicia local, por lo que recobra significativa importancia dicha recomendación por la violación al derechos de seguridad jurídica, legalidad y al honor.
Deriva de la recomendación 40/2017 de la CNDH, que el 6 de enero de 2015, Munguía Herrera, presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde en términos generales manifestó que integrantes del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria de 30 de mayo de 2014, acordaron suspenderla temporalmente de su empleo como Jueza, sin pago de salarios, a fin de llevar a cabo una investigación y auditoría, en razón de que en medios informativos se cuestionaba su actuar por haber otorgado beneficios de preliberación a secuestradores.
En ese momento el Consejo de la Judicatura estaba integrado por Tito Cervantes Cepeda, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Lázaro Castillo García, Rocío Jiménez Temoltzin, Emilio Treviño Andrade y Jerónimo Popocatl Popocatl, quienes no citaron los preceptos legales que fundaron la suspensión ordenada, aduciendo la quejosa, que la actuación de los funcionarios judiciales no fue acorde con las garantías de legalidad y audiencia, según versa dicha recomendación.
“El 26 de septiembre de 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictaminó la conclusión de dicha queja, emitiendo el oficio de observaciones y no violación a derechos humanos, con número 03/16, pese a que el Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, tildó a la Jueza como delincuente y corrupta y que era más peligrosa que los delincuentes que preliberó; publicado en diversos medios de comunicación”.
Inconforme la Jueza María Esther Juanita Munguía Herrera por la dictaminación de la instancia local defensora de los derechos humanos, impugnó dicho documento, destacando como agravio, que la CEDH no analizó que la suspensión de la que fue objeto por parte del Consejo de la Judicatura local, no cumplió con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, sin que se le respetara su derechos de audiencia, ni la emisión de resolución que determinara su no responsabilidad, ni tampoco se pronuncia correctamente sobre las aseveraciones de Popocatl Popocatl, en su contra, lo que violentó su derechos a la seguridad jurídica, legalidad y al honor.
Lo anterior originó el expediente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos con No. CNDH/5/2016/R1 y “luego del análisis lógico – jurídico se advirtió que hay evidencias suficientes que permiten acreditar violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, legalidad y al honor, atribuibles a servidores públicos del Consejo de la Judicatura del estado de Tlaxcala”.
De esta manera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le corrige la plana a la Comisión Estatal y emite la recomendación al Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, en 5 rubros: 1) se instruye para que se repare de manera integral el daño ocasionado a la Jueza maría Esther Juanita Munguía Herrera; 2) Hacer pública la información que el Consejo de la Judicatura señaló sobre la investigación de la preliberación ilegal; 3) Colaboración con la CNDH en el seguimiento de la queja ante la Comisión de Disciplina del CJET contra de los servidores públicos involucrados; 4) Impartir a integrantes del CJET curso integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos; y 5) se designe un servidor público de alto nivel, que funja como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de dicha recomendación.
Cabe hacer mención, que quien en su momento fungió como presidente de la CEDH Francisco Mixcoatl Antonio, dictaminó que no existía violación a los derechos humanos, del caso en mención, , ahora es asesor personal de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Elsa Cordero Martínez.