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  • Emilio Piedras
La senadora fijó un posicionamiento a favor del dictamen en relación a la minuta con proyecto de decreto para salvaguardar el interés superior de la niñez

Al considerar que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben salvaguardar el principio del interés superior de la niñez, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros hizo uso de la máxima tribuna del país para fijar un posicionamiento en favor del dictamen en relación a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución.

La legisladora indicó que el año pasado La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), señalo que nuestro país tiene el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en menores de 14 años, a esto, debemos mencionar que la violencia e inseguridad está dejando a muchos niños y niñas sin familia, dejándolos completamente vulnerables.

Aunado a esta situación, existen numerosos casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes que no son investigados adecuadamente, que no son visualizados y en consecuencia no existe sanción alguna, asimismo, las cifras son alarmantes, ya que sólo el mes pasado fueron asesinados 3 niños al día, según El conjunto de Organizaciones de la Red por los Derechos de la Infancia.

“Nuestros infantes y adolescentes son víctimas directas del grave clima de inseguridad por el que atraviesa nuestro país, por consiguiente el Estado tiene la obligación de trabajar para que la autoridad vigile de manera puntual el cumplimiento de sus derechos”, sostuvo Lorena Cuéllar.

En consecuencia, la legisladora mostró su postura a favor del dictamen en relación a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, salvaguarden el principio del interés superior de la niñez.

De esta manera, se estaría continuando con el proceso legislativo para que la minuta proveniente de cámara de diputados avance y pueda convertirse en una realidad que abone al marco jurídico necesario para homologar criterios de protección a los derechos de todos los mexicanos y mexicanas menores de edad. 

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