- Política
El suplente de José de la Luz Sosa Salinas, candidato a la diputación federal por el primer distrito de la coalición “Juntos Haremos Historia”, solicitó de manera formal el inicio de un proceso especial sancionador contra el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariano González Aguirre como probable responsable de haber violentado el principio de legalidad y equidad en la contienda.
El argumento de la queja se basa en que el hijo del autollamado “ultimo de los mohicanos” y su escudero Martín Rivera como servidores públicos de acuerdo con el articulo 107 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encontraban como diputados en activo ya en la campaña a San Lázaro y en consecuencia como servidores públicos.
Lo que implica que como servidores públicos y en este caso como legisladores locales podían disponer de bienes materiales y humanos a su cargo, hecho que rompe con el principio de legalidad y equidad que contempla la Constitución para una campaña electoral.
El argumento es que Marianito y su peón tuvieron una inminente ventaja (Martín Rivera la sigue teniendo por sigue en el Congreso) para utilizar el poder público para influir en el electorado, lo que deja en desventaja al resto de los contendientes.
Como ejemplo está el tema de la gestoría, que Martín Rivera puede utilizar como suplente de Mariano González, ya que el primero sigue como diputado local y podría estar desviando los recursos para apuntalar a su jefazo.