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Tlaxcala, Tlax., diciembre 13 de 2018.- El Pleno del Congreso de Tlaxcala exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública de la entidad, a que revisen las políticas públicas y erradiquen lo que puede entenderse como vacío de poder o ausencia del Estado de Derecho, en materia de linchamientos.
En el acuerdo dado a conocer por la legisladora Patricia Jaramillo García en la última sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura, solicitó además que se genere la discusión y el análisis necesario para reformular acciones preventivas ante actos de linchamiento.
Además expresó que se deben crear “condiciones bajo las cuales pueda mantenerse el orden, la tranquilidad, la justicia, así como el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados internacionales y de otras fuentes del derecho local o internacional, para lograr por medios pacíficos de conformidad con los principios de legalidad y justicia, combatir el quebrantamiento de la paz pública y restaurar el Estado de Derecho”.
Esta propuesta, dijo, surge a raíz de la preocupación por el incremento de los índices de violencia social en todo el territorio durante los últimos años, y en los que nuestra entidad no ha sido la excepción.
“La violencia sólo ha sido la consecuencia o el síntoma de una profunda crisis de autoridad así como la indignación de los ciudadanos por los delitos que quedan impunes en nuestro país”, abundó.
Refirió la Diputada local que de “1988 hasta 2012, en México se cometieron 366 linchamientos (consumados y en tentativa). Las cifras indican que en estos 24 años se cometieron 15.25 linchamientos al año, poco más de uno por mes. De 2012 al 1 de junio de 2017, el recuento subió la cifra en 376 linchamientos. En los últimos cuatro años y cinco meses se habrían cometido más linchamientos en el país que en los 24 años previos”.
Este fenómeno, reiteró, se concentra en siete estados, como son: el Estado de México, Puebla, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Morelos; además, de la Ciudad de México, sin que Tlaxcala este exenta de ese tipo de prácticas, ya que se han registrado dos casos: uno en el municipio de San Pablo del Monte el 21 de junio de 2018 y el de Hueyotlipan el pasado domingo 2 de diciembre.