- Tocatlán
Ante las afirmaciones del presidente de la colonia Venustiano Carranza Alberto Huerta en referencia a irregularidades de la administración, La síndico y regidores del ayuntamiento, aseveraron que sí han sesionado en cabildo en este este año y se ha dado el derecho para que el presidente de comunidad tenga voz y voto, además de que en días pasados días concluyó la auditoría al municipio de parte de órgano de fiscalización.
Tanto regidores como la síndico municipal, rechazaron lo dicho por el presidente de la colonia Venustiano Carranza, Alberto Huerta Sánchez, quien en días pasados dio una nota en el despacho del Diputado del PT, Víctor Castro López, quien pretende generar inestabilidad en el municipio.
La Síndico María Teresa Avendaño y los regidores Maribel Guzmán Flores, Reyna Galindo Flores, José Benito Sánchez Pérez y Rafael Vázquez Hernández, lamentaron que el presidente de comunidad Alberto Huerta, se haya prestado al juego del diputado para declarar que hay supuestas irregularidades en el municipio, cuando él siempre ha sido participe de los acuerdos de cabildo.
Por su parte la síndico municipal María Teresa Avendaño manifestó que las cosas estuvieran mal, seriamos los primeros en hacer los señalamientos y actuar en consecuencia, porque los recursos deben ser aplicados de manera correcta, señalaron los miembros del cabildo.
Agregaron que en una reunión con el cabildo el propio presidente de comunidad informó que fue citado por el diputado Víctor Castro, quien le prometió darle apoyo para la feria de comunidad y ahí mismo hizo la declaración en contra del ayuntamiento que preside José del Carmen Morales haciendo señalamientos que son falsos.
Alberto Huerta también, dijeron, “reconoció que es incompetente para el cargo que no sabe qué hace ahí, que él se dedica a sus negocios y que no sabe de la administración pública, ni como llevar su presidencia”.
Agregaron que ante la irresponsabilidad del presidente de comunidad, el ayuntamiento se había hecho acreedor a una multa de más de un millón de pesos, por su negligencia al no solventar las observaciones al sistema de agua hechas por la Coepris, entre otras irregularidades en que ha incurrido, además de no reintegrar a la Tesorería del Municipio el dinero de los cobros del agua potable desde el 2017.