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Luego de que en la máxima tribuna del estado, la diputada local Michaelle Brito Vázquez exigiera la renuncia del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiahuatl Sánchez por inepto, la legisladora justificó que la salida del abogado de Tlaxcala debe ser simplemente porque los números indican que existe una ola de violencia desbordada y que hasta el momento se desconocen los casos resueltos por la institución que dirige.
Y es que de acuerdo con la congresista el nulo trabajo de Aquiahuatl Sánchez ha derivado en una invitación a los delincuentes para que operen ante la impunidad que existe por la falta de investigación y procuración de justicia, es decir, los maleantes saben que violar la ley no tiene castigo y en consecuencia se fomentan todo tipo de ilícitos.
Un caso concreto y el que más preocupa a los tlaxcaltecas son los homicidios, delito que creció desde que llegó el actual gobierno local al pasar de 77 asesinatos en 2016 a 120 casos en 2017 y para el ejercicio pasado ubicarse nuevamente a la alza con 124 ilícitos.
Tan sólo desde la designación de José Aarón Pérez Carro que dejó como encargado al actual procurador a la fecha, se han registrado alrededor de 90 homicidios, ya que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que de julio a al último día de enero se tienen 74 casos, sin embargo, en febrero se presentaron más de 11 homicidios y en marzo por lo menos ha habido 5 más.
Mientras los asesinatos siguen impunes, en las últimas semanas y de manera concisa en días recientes han aparecido mantas o cartulinas al estilo del crimen organizado, las cuales llevan mensajes y en uno de los casos fue acompañada de una bolsa de restos humanos que dan indicio de una pelea entre bandas rivales por el control de la plaza que significaría Tlaxcala, sin que hasta el momento haya habido un pronunciamiento por parte de las autoridades locales.
Estos hechos han levantado temor entre la población que no ven trabajo en materia de seguridad por parte de la gobernanza moderna y sí ven ociosidad en la procuración de justicia que permite que los delincuentes operen con toda tranquilidad, atreviéndose incluso a asesinar a elementos policíacos.
El robo de autos en promedio es de entre 7 y 8 casos por día, cuando hace unos cuantos años sólo se llevaban 3 automóviles diarios, siendo nuevamente la impunidad para realizar este tipo de delitos lo que incita a la delincuencia a continuar operando.
Ante este clima de inseguridad, la legisladora exigió la renuncia de Aquiahuatl Sánchez debido a la incompetencia que ha mostrado desde que llegó al cargo, la falta de resultados que exige un pueblo atemorizado por la ola de violencia pero sobre todo por el silencio calificado como complicidad por parte de las autoridades que prometieron más seguridad y están pagando con un incremento en casi todos los delitos.