• Seguridad
  • Pedro Sierra
La entidad vivió la jornada más sangrienta de la historia moderna del estado mientras el titular del Ejecutivo guarda silencio

No han sido suficientes las siete ejecuciones que se suscitaron en poco más de 24 horas entre el sábado y domingo pasado para que el gobernador del estado, haya tenido la delicadeza de emitir un comentario respecto a la situación de inseguridad que prevalece en la entidad y que amenaza con seguir creciendo ante la impunidad derivada de la nula procuración de justicia en manos de José Antonio Aquiahuatl Sánchez.

Fue este fin de semana que Tlaxcala sufrió la jornada más sangrienta tal vez sólo después de la Revolución a inicios del siglo XX, siendo siete las personas que fueron ejecutadas por diversas causas pero con el auspicio de comunes denominadores como la corrupción y la impunidad que permite pensar a cualquiera que los asesinatos no tienen consecuencias para los perpetradores.

El primero de estas angustiosas 24 horas fue un joven que fue ultimado y posteriormente abandonado en unos terrenos de labor ubicados en la Sección de Exquitla en Zacatelco; horas más tarde a un masculino de 37 años de edad lo privaron de la vida de tres balazos sobre la carretera Puebla- Nautla a la altura del municipio de Tequexquitla.

En las primeras horas del domingo, media docena de sujetos armados ejecutaron a dos comerciantes en el Mercado Nuevo de Chiautempan escapando impunemente; sólo pasaron unos minutos cuando se supo del asesinato de una mujer que fue encontrada destrozada en su hogar al parecer por su pareja sentimental.

Momentos más tarde medios de comunicación se movilizaron al lugar conocido como “Cola de Caballo” en la comunidad de Tizatlán, luego de que fuera localizado el cuerpo de otro masculino; ya para finalizar el domingo se dio el hallazgo de otro masculino que fue ultimado y abandonado en la Sexta Sección del municipio de Teolocholco.

Mientras todos estos sucesos sucedían, el temor y hartazgo de los tlaxcaltecas se manifestó mediante las peticiones de renuncia al gobernador por no tener la capacidad de cumplir con mejorar la seguridad pública.

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