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Trascendió que al interior de las oficinas del todavía presidente del Comité Administrativo del Congreso del Estado, Rafael Ortega Blancas mejor conocido como “el matador”, existe preocupación por la fiscalización que realizará la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ejercicio 2018 del Poder Legislativo de Tlaxcala, el cual corresponde a poco más de un trimestre a los actuales diputados locales y el resto a los anteriores legisladores.
La fiscalización que pretende aplicar la ASF, buscaría las probables irregularidades que se hayan cometido durante el ejercicio 2018 en el gasto de 249 millones 95 mil 345 pesos que fueron utilizados, entre los integrantes de la LXII legislatura y los actuales diputados locales que en su mayoría, forman parte de la coalición que apuesta por el lema de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.
En el caso de los anteriores diputados deberá responder principalmente el entonces presidente del Comité de Administración junta a su directora Administrativa, Mariano González Aguirre y Lilian Rivera Nava de manera respectiva por los casi 200 millones de pesos ejercidos hasta el 31 de agosto que tomaron sus tiliches y se fueron.
El igualmente inepto Rafael Ortega junto a su director Administrativo, Nils Jaime Robles quien también es parte del marianismo, les tocará aclarar los gastos por alrededor de 50 millones de pesos que corresponden al periodo que abarca desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, ya con la supuesta austeridad republicana que nunca ha aplicado el matador para sus bolsillos.
Y es que aunque la actual legislatura es en su mayoría integrada por partidos que llevaron a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, los legisladores locales han olvidado por completo la austeridad republicana cuando se trata de sus intereses particulares.