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Aquel lema del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, no sólo ha sido olvidado, sino que es una burla para quienes hoy presumen honestidad y trabajan en una secretaría para atender a los más vulnerables pero sólo son vulgares ladrones de cuello blanco como ocurre en la Secretaría del Bienestar de Tlaxcala, donde se reparten el botín peor que los delincuentes comunes y corrientes.
Si se considera el término corsarios como delincuentes auspiciados por el gobierno, en la Secretaría del Bienestar habría más de uno y el ejemplo más claro y descarado son los millonarios contratos que se han entregado al secretario técnico de esta dependencia, Alejandro Atilano, quien funge como juez y parte en esta dependencia que atiende a los sectores más vulnerables.
En su declaración patrimonial el borrachales funcionario, registró que la empresa Distribuidora de Carne de Puebla “Praid” es parte de sus propiedades, misma comercializadora a la que la Secretaría del Bienestar le entregó dos contratos por un año que superan juntos los 66 millones de pesos.
El primer contrato fue para el lapso entre marzo y diciembre de 2022, el cual es por el monto de 50 millones de pesos para entregar en ese periodo 432 mil comidas a personas de escasos recursos, es decir, cada comida se la compraron en 115.74 pesos aunque según ellos se vendió en 30 pesos de los que los beneficiarios aportaron 15 pesos que multiplicados por 432 mil resulta un total de 6 millones 480 mil pesos extras que estarían en el bolsillo de algunos coludidos en este robo.
La ampliación de contrato que corresponde entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, fue por 16 millones 666 mil 666 pesos fue para la compra de 144 mil comidas, teniendo un costo unitario de 115.74 pesos y teniendo una recuperación de 2 millones 160 mil pesos, dinero extra que seguramente oficialmente no se sabe donde está.
Con las cifras expuestas en documentos oficiales del mismo gobierno, se concluye que cada plato de comida tuvo un costo de 130 pesos, erogación que es muy superior al costo real de una comida y eso suponiendo que realmente se entregó el número de platos que dice la licitación.
Este robo a ojos vistos, además es una burla porque se trata de una empresa que pertenece a alguien trabaja no solo en el gobierno del estado, sino en la misma secretaría, por lo que el descaro es aún más evidente y supone una burla para los tlaxcaltecas.
A este agravio se suma el hecho de que esta dependencia es la que tendría que velar por los más vulnerables y no utilizarlos para enriquecer una pandilla de mafiosos.
Todo supone que el secretario técnico sería el prestanombres de otra persona que sería realmente la beneficiaría de este robo, todo ello con el respaldo de la secretaria de esta institución y de todos aquellos que firman los contratos.
Esta situación no sólo es una mofa a los tlaxcaltecas, sino que además empaña a una secretaría insigna del gobierno federal, por lo que tendría que ser revisada por el mismo presidente de la República para evitar que se lucre de esta manera con la pobreza.