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Ciudad de México: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció el día de ayer que los intentos de gobiernos estatales de la oposición de suspender la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en sus territorios son inconstitucionales. Sin embargo, advirtió que podrían verse favorecidos por el Poder Judicial.
“Sería una actitud contraria a la Constitución, sería un acto anticonstitucional, pero también, como están los jueces y los magistrados y los ministros, todo puede suceder”, declaró el mandatario.
Estas afirmaciones se enmarcan en la controversia constitucional planteada por el gobierno de Chihuahua ante la Suprema Corte para detener la distribución de los libros de texto por contener un “alto contenido ideologizante”, según indicó la gobernadora Maru Campos. El gobierno de Jalisco, Guanajuato y Coahuila ha mostrado una postura similar, manteniendo los materiales en espera hasta que se resuelva el proceso legal.
En respuesta a estas acciones, López Obrador anunció que el próximo martes a partir de las 17:00 horas en Palacio Nacional se ofrecerá información sobre el contenido de los libros, con el objetivo de contrarrestar lo que ha calificado como una “campaña difamatoria del bloque conservador”.
“Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo, la verdad es grotesco, es un absurdo, no solo no tiene sustento, sino que es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe”, criticó.
El presidente también indicó que, una vez presentado el informe, el Gobierno Federal “escuchará” la opinión de las y los habitantes de los estados involucrados en esta suspensión. Con firmeza, acusó a los gobernadores implicados, incluyendo a Maru Campos, de “actuar de manera sectaria y politiquera”, y recordó que “en la democracia manda el pueblo”.
Esta polémica se suma a las tensiones existentes entre el gobierno federal y algunos gobiernos estatales, subrayando las diferencias ideológicas y políticas en el manejo de la educación pública en México. La resolución de este conflicto será determinante en el ámbito educativo del país y podría sentar un precedente en la relación entre el poder central y las entidades federativas.