- Tlaxcala
La Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso del Estado que preside la diputada fifí, Marcela González Castillo, aplicó una evaluación escrita que destaca opacidad, trampa, incluso favoritismo para unos cuantos.
Lo anterior lo denunciaron algunos aspirantes a la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, quienes argumentan que la nuera del nefasto exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, “tiene dados cargados”.
Y es que hay ocho perfiles que actualmente trabajan en el OFS y que por alguna razón pretenden seguir viviendo del erario público, “esos en automático deberían de quedar fuera por tramposos”, argumentan los quejosos.
Se trata del jefe de departamento, - dirección administrativa, Mauricio Arturo Ahuatzi Paredes, sueldo 36 mil 78.36 pesos; Jefa de unidad, -unidad de seguimiento, Karina Vianey Cabrera García, sueldo 48 mil 117.60 pesos; Coordinador de cumplimiento financiero, -dirección de auditoria a entes estatales, Luis Felipe Camilo Fuentes, sueldo 30 mil 378.54 pesos; dirección técnica, Jaime Víctor Fernández Derreza, sueldo 41 mil 342.76 pesos; auditor de cumplimiento financiero, Angélica Juárez Castillo, sueldo 70 mil 308.28 pesos; auditoria de cumplimiento financiero, Tomás Ortega Corona.
Las inconsistencias que delatan los quejosos son las siguientes:
-Había preguntas sobre conceptos de cierto autor, sin embargo, a los participantes nunca se les comentó que se estudiaran un personaje en específico.
-En su mayoría las preguntas trataban sobre la estructura y funcionamiento interno del OFS en especial preguntas relacionadas con la Secretaria Técnica, preguntas que ciertamente beneficiaban al secretario técnico del OFS quien participó y dejaban en desventaja a los demás participantes.
-Se realizaron preguntas de la Ley de Disciplina y Responsabilidad Hacendaria, cuando estas tienen que ver más con cuestiones financieras que con temas de fiscalización.
-Hubo cuestionamientos sobre los órganos de fiscalización internacionales, cuando los concursantes no se les informó con anticipación que se les iban a realizar preguntas de este tipo a efecto de que se estudiarán sobre el tema.
Todo parece indicar que el examen estaba planchado a favor del personal del OFS en especial para el secretario técnico. Así mismo se comenta que los sinodales son quienes prestan servicios de capacitación para dicho ente (OFS).
De nada sirve que haya acudido un notario a verificar que los exámenes estaban en blanco cuando los mismos desde su estructura estaban cargados a favor del personal del OFS o de algún candidato relacionado con algún miembro del poder ejecutivo y/o legislativo.
En consecuencia por imparcialidad y justicia para todos los participantes, se tendrían que anular aquellas preguntas que no tienen relación con el control la responsabilidad y la fiscalización, también se tendrían que anular aquellas preguntas de temas que no trataban sobre leyes y que versaban sobre ciertos autores o temas no vinculados y leyes y normatividad, pero aún más, se tendrían que eliminar todas aquellos cuestionamientos con el OFS y que solamente benefician a los 8 participantes que laboran en dicho ente, incluyendo aquellas preguntas que beneficiaban al secretario técnico del OFS.
Por algo al final de la evaluación los sinodales en presencia del notario público y con la ayuda de una trituradora de papel sacaron los exámenes y procedieron a triturarlos, quedándose únicamente con las hojas de respuesta. ¿Porque triturar las preguntas y dejar vivas las respuestas?.