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La detención de un hombre por presunta portación ilegal de armas en el municipio de Lázaro Cárdenas terminó por encender el descontento social, luego de que vecinos aseguraran que las armas estaban legalmente registradas y que el operativo fue mal manejado y exagerado por autoridades estatales.
El detenido, identificado como Pedro N., de 30 años, fue asegurado por policías municipales cuando transportaba una escopeta calibre .12 y un rifle calibre .30-30, ambos con permisos en regla, ya que —según los manifestantes— serían utilizados en un club de caza.
Pese a ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió un comunicado en el que atribuye la detención a un supuesto operativo conjunto con la Marina, señalando que el individuo no pudo acreditar la legal posesión y portación de las armas. Sin embargo, esta versión fue puesta en duda, ya que en los registros de la puesta a disposición municipal no se menciona la participación de la policía estatal ni de la Marina.
La incongruencia provocó molestia entre habitantes del municipio, quienes realizaron una manifestación pacífica pero firme frente a la presidencia municipal. Durante la protesta, exigieron a la alcaldesa Elena Macías Díaz dar la cara y solicitaron la liberación inmediata de Pedro N., a quien consideran víctima de un abuso de autoridad.
Los inconformes también cuestionaron el discurso oficial de la SSC, que justificó la detención como parte de un operativo para retirar armas de las calles, al considerar que se estaría criminalizando a un ciudadano que cumplió con la ley.
La protesta escaló en reclamos políticos y las y los manifestantes pidieron incluso la destitución total del Cabildo, al que acusaron de inacción y falta de respaldo a la población.
Mientras la situación jurídica de Pedro N. permanece en manos de la autoridad competente, el caso dejó al descubierto contradicciones en los comunicados oficiales y abrió el debate sobre el uso mediático de detenciones que podrían no sostenerse legalmente.