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Se contradice el diputado Carlos Augusto Pérez Hernández al justificar que municipios y dependencias no sean sancionados penal y administrativamente por el mal ejercicio de recursos públicos, aduce que el daño patrimonial no supera el dos por ciento del recurso ejercido en el ejercicio fiscal correspondiente.
El también Presidente de la Comisión de Finanzas en el Congreso local resaltó que la Comisión de Finanzas se encuentra realizando el trabajo de fiscalización y análisis ya que de lo contrario, habrían aprobado todas cuentas de las dependencias y organismos dependientes del gobierno estatal.
Pérez Hernández, negó que emitan dictámenes apresurados; “son dictámenes que consideramos que no hay porque reprobarlos hay situaciones que se están observando el dos o el uno por ciento que no se han ejercido de manera positiva”.
Sobre el caso de la UTT que fue observada su cuenta pública por haber gastado recursos públicos en bebidas embriagantes, dijo que la institución habrá de reintegrar los montos que no pudo comprobar, sin embargo resaltó que el 98 por ciento de los recursos fueron ejercidos de manera adecuada.
Mientras que en el caso de la SESA a la que le fueron observados más de 100 millones de pesos, dijo que después de un análisis que los propios integrantes de la JCCP realizaron encontraron que se habían solventado varias de estas situaciones y que tras varias horas de análisis con el auditor del OFS; “no se han encontrado argumentos de peso que ameritaran la reprobación de esta cuenta”.
A pregunta expresa, se le cuestionó al legislador sobre los criterios y montos para determinar cuando existe daño patrimonial, a lo que contestó; “el daño patrimonial es el daño patrimonial no importando la cantidad, pero si en un momento dado se está solventando la cantidad esa observación de daño no hay delito que perseguir”.
Sin embargo, de manera inmediata se contradijo al asegurar que si el ente obligado reintegra los recursos observados “no procede la denuncia”.
Carlos Augusto consideró factible enviar a la cárcel a funcionarios estatales, en caso de haber responsables en el manejo irregular de recursos públicos; “el hecho de aprobar una cuenta pública no significa que se exima de responsabilidades, si hay que fincar responsabilidades aun aprobando la cuenta pública se le dan instrucciones al OFS se finquen responsabilidades por el recurso que haya sido ejercido de manera negativa”.
Sobre las observaciones que fueron detectadas en el COBAT y en el CONALEP, luego de haber destinado cerca de un millón de pesos de manera individual para el pago del tenor Plácido Domingo, acción que provocó que sus cuentas públicas no sean aprobadas, adelantó que una de ellas ya corrigió la irregularidad.
En el caso de los municipios y luego de que alcaldes de varias comunas se ampararon tras la creación de las comisiones especiales, admitió el priista que no pueden hacer nada a pesar de que fueron aprobadas en el pleno; “nosotros cumplimos con informar y decir que ayuntamientos eran los que presentaban estos retrasos, en la justicia también lo hemos agotado”.
También descartó que el Congreso del Estado esté solapando a los ediles que fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).