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El decreto de expropiación sobre un inmueble adjunto al Teatro Xicohténcatl de Tlaxcala que funciona como estacionamiento, se mantiene vigente pues es de interés del gobierno del Estado darle una utilidad pública; sin embargo, la posesión la mantiene la legítima dueña, María de los Ángeles Sánchez García, quien incluso arrenda el espacio y recibe los frutos económicos de ello.
Ante ello, el consejero jurídico del Ejecutivo local, Héctor Maldonado Bonilla, negó “de forma concreta y clara” que se le haya despojado a la dueña de ese bien, como en su momento lo denunció públicamente su hijo y representante legal, el empresario Hugo Enrique Díaz Sánchez.
A principios de mayo pasado y dos semanas después de haberse aprobado en el Congreso local la Ley de expropiación para el estado de Tlaxcala y sus municipios, donde se establecieron los criterios que deben tener esos procesos para que el Estado se haga de bienes privados para una causa de utilidad pública, Díaz Sánchez emitió una carta pública a los medios de comunicación.
En ella, denunció que de manera ilegal y con total abuso de poder, el titular del Ejecutivo local, Mariano González Zarur, despojó de un predio a su madre, a pesar de la existencia de sentencias de la justicia federal que impedirían la expropiación del inmueble.
En la denuncia pública, reveló que “para despojarla de un predio adjunto al Teatro Xicohténcatl, el gobernador ha contravenido jurídicamente sentencias del Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (de 2011), pues jamás demostró el fin de utilidad pública que esgrimió” y por lo cual se le restituyó el bien en ese entonces.
Al respecto, Maldonado Bonilla recalcó que “lo que sí hay de por medio obviamente es un decreto expropiatorio, es de interés del gobierno del Estado el inmueble, pero eso es muy diferente a que se le haya despojado”.
Explicó que este es el segundo procedimiento de expropiación del predio ubicado sobre la calle Lardizábal de la ciudad capital, el cual también ha sido combatido por la propietaria. “Al ser notificada del decreto expropiatorio, promovió un recurso administrativo ante la Consejería Jurídica, el cual está pendiente de resolución”.
El funcionario estatal, reiteró que para el Ejecutivo existe una causa de utilidad pública sobre el aparcamiento pero en caso de que el procedimiento iniciado por los particulares les fuera desfavorable, aún podrían solicitar el amparo ante la justicia federal.