- Gobierno
Reclama la posesión de un predio de más de una hectárea donde se encuentra el helipuerto de Tlaxcala, el particular Eulalio Cósetl Bañuelos, quien exige al Gobierno del Estado cumpla con una sentencia favorable que obtuvo en junio de 2012 del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, que lo reconoce como legítimo heredero y dueño.
El área de 10 mil 400 metros cuadrados se ubica en la colonia La Loma Xicohtencatl, cuya valor catastral está calculado en alrededor de 22 millones de pesos.
En entrevista, el abogado que lleva el caso, Marco Polo Cósetl Delgado, acusó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo local ha incurrido en argucias legales para no reconocer al genuino propietario, en primer lugar, y luego para no cumplir con un acuerdo para el pago respectivo que ya se había pactado a principios de la actual administración estatal.
De acuerdo con profesional del derecho, durante el sexenio del ex gobernador Tulio Hernández Gómez – en los años ochenta –, se firmó un convenio de expropiación del predio con la entonces dueña, Margarita Bañuelos, para la edificación del helipuerto; sin embargo, el litigio se inició cuando al paso del tiempo los terrenos no fueron utilizados para el fin original, sino que en su lugar se construyeron unas canchas deportivas.
El asunto jurisdiccional para reclamar la devolución del predio comenzó en la administración de Héctor Ortiz, al descubrirse éste se encontraba libre de gravamen y que tampoco contaba con registro como una expropiación a favor del gobierno estatal. Los datos fueron cotejados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Así, se inició ante el Juzgado Segundo de lo Civil en el Distrito de Hidalgo el juicio testamentario 1058/2002, para reconocer a Margarita Bañuelos Serrano como dueña legitima del pedio.
Marco Polo Cósetl, explicó que se promovió un segundo litigio en la misma instancia bajo el expediente el 1038/2002, fue promovido para reconocer legalmente como legítimo, definitivo y universal heredero a Eulalio Cósetl Bañuelos, a quien de hecho se le reconoció la testamentaría, pese a lo cual no logró avances en el régimen orticista.
En 2011 se reactivó el pleito legal ya con Mariano González al frente del Ejecutivo. El caso lo llevó el entonces consejero jurídico, Marco Antonio Díaz Díaz, quien accedió a llevar a cabo un avaluó que arrojó un precio de 22 millones de pesos que fue negociado por la parte oficial, la cual al final logró acordar una indemnización de 1.5 millones de pesos.
Sin embargo, al cambio de titular de la Consejería Jurídica, el abogado Héctor Maldonado Bonilla rompió lo acordado bajo el argumento de exigir una escrituración del predio para reconocer los derechos del demandante, a pesar de la existencia de sentencias del Juzgado local perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
El abogado denunció que ante la insistencia del particular, éste y su representante ya no son admitidos en la oficina de Maldonado Bonilla, por lo que ahora se promovió ante esa instancia un juicio de reversión de la expropiación, en el que se acusa que por más de 10 años el predio fue ocupado de forma distinta a lo convenido y por ello reclaman su propiedad.