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  • Gerardo Rojas González
De diciembre a la fecha, la procuraduría recibió 300 quejas de contribuyentes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) es la entidad fiscal de gobierno con el mayor número de demandas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), durante el presente año, por el embargo o inmovilización de cuentas bancarias, la negativa a devolver saldos a favor y por las auditorías realizadas, destacó el delegado de la Prodecon región oriente-golfo, Floriberto Pérez Mejía.

De diciembre a la fecha, este organismo recibió 300 quejas de contribuyentes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz contra el SAT por abusos de autoridades fiscales federales.

De entre ellas, 12 fueron por embargo de cuentas, ocho por determinación de crédito fiscal, ocho por aclaraciones a la autoridad fiscal, seis por devolución de impuestos federales y cuatro por determinación de cuotas obrero-patronales. Las restantes fueron por irregularidades menores como la falta de entrega de comprobantes, entre otras causas.

 La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit son organismos que también han sido demandados por violar los derechos de los contribuyentes.

En lo que va del año, se tienen registrados 446 casos en las tres entidades federativas contra los organismos referidos.

El 67 por ciento de esas quejas fueron contra el SAT, 17 por ciento contra las Secretarías de Finanzas estatales, 11 por ciento contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), seis por ciento contra el Infonavit y el dos por ciento contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El 57 por ciento de los asuntos corresponden a Puebla, 24 por ciento a Tlaxcala y el 19 por ciento a Veracruz.

El Prodecon recibe quejas ante la negativa de las instancias para atender al contribuyente o por ejecutar embargos o inmovilizaciones de cuentas bancarias.

Pérez Mejía señaló que 90 por ciento del total de casos concluyó con la representación legal en beneficio del usuario, con una efectividad a favor del 72 por ciento, lo que representa un monto de 8 millones de pesos defendidos.

A nivel nacional, ocho de cada 10 asuntos llevados son resueltos a favor del contribuyente.
 

 

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