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Después de más de medio siglo de haber echado raíces en nuestra entidad federativa, la empresa trasnacional Nestlé está a punto de cerrar su ciclo de vida en tierras tlaxcaltecas para ir en busca de nuevos horizontes y mantener su modus vivendi.
En términos prácticos se entiende que una empresa se establece para obtener ganancias y en contraparte ofertar espacios laborales, por toda esa infraestructura establecida, a lo largo de más de cinco décadas, han desfilado infinidad de mujeres y hombres tlaxcaltecas.
En ella se fundaron infinidad de familias a partir de las fuentes de empleo que abrieron expectativas de vida digna, muchas y muchos seguramente ahora poseen el estatus de pensionados y, otros tantos, han dado apertura a sus incipientes bosquejos en el ámbito laboral. Sin duda, las instalaciones de la factoría en comento cubrieron con las exigencias legales y ambientales, exigidas en los ámbitos estatal, nacional e internacional.
Al momento de conocerse la noticia, las impresiones que marcaron una tendencia unánime fue en el sentido de lamentar la migración de tan prestigiada firma. En una coyuntura donde el desempleo se encuentra en la cúspide de las prioridades ciudadanas, resulta que además de la no generación de nuevos empleos nos amanecemos con la pérdida de más de 500 fuentes formales. Lo más curioso resultó que fue la ciudadanía la primera enterada de tal determinación empresarial, a "toro pasado" el gobierno fijo postura con respecto al tema referido (según declaraciones oficiales emitidas y consignadas en los distintos medios de comunicación).
La versión oficial de la empresa menciona que el cierre de sus actividades obedece a la falta de mercado y a la integración de la misma a otro consorcio, lo cual resulta incrédulo e inverosímil. Sin embargo, considerando que Nestlé es un emporio que posee infinidad de sedes en el territorio nacional y a nivel mundial, asumiendo una postura decorosa y sin demasiada estridencia prefirió cortar por lo sano.
En el sistema capitalista, del que somos parte, el Estado tiene la responsabilidad de emprender acciones que conduzcan a la atracción de inversiones para generar empleos y reactivar el mercado interno. En México es una política primordial para evitar las multitudinarias diásporas hacia el vecino país del norte, pero en los hechos se observa la negligencia gubernamental para alcanzar tales objetivos.
El documento madre que rige nuestras relaciones, Constitución Política de Tlaxcala, establece en el artículo 70, referente a las facultades y obligaciones del gobernador, que: "Fracción XXVII. Promover el desarrollo económico del Estado, a fin de que sea competitivo y equilibrado entre los centros urbanos y los rurales; apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y propiciar la gran inversión en el Estado, con especial atención a las de carácter social y estimular aquellos proyectos que fomenten la capacidad empresarial, y; Fracción XXIX. Conceder los estímulos que considere convencionales a las industrias y explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras que se establezcan en el Estado".
Según lo plasmado en el texto constitucional, la conclusión del episodio industrial abordado denota la "fallida" acción gubernamental en el desarrollo industrial. Además de la impotencia para generar empleos, también se suma la facilidad para dejar ir los que se tienen, es decir, "el tejido social está roto, pero también el tejido industrial".