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El Gobierno del Estado debe casi 400 mil pesos a una ex policía preventiva que fue dada de baja en 2006 sin justificación alguna, pero que resultó lesionada de la columna en el desempeño de sus funciones, según consta en la sentencia de la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Poder Judicial de Tlaxcala, dentro del toca 58/2006.
Ese recurso de revisión por despido injustificado, ordenó la realización de un embargo de bienes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) este martes por falta de pago líquido, el cual no pudo ser consumado ya que existe una limitante legal que indica que los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ejecutivo “son inembargables”; sin embargo, ante la existencia de un resolutivo judicial, el desembolso tiene que hacerse en efectivo.
Al respecto, el asesor legal de la ex policía, Moisés Gallardo López, quien acudió por la mañana a la SSPE en compañía de un diligenciario y un observador de Derechos Humanos, explicó que la sentencia de la Sala fue emitida el pasado 11 de junio, cuando la suma de finiquito ascendía a 386 mil 374 pesos, pero desde entonces la deuda ya incrementó en 10 mil pesos más y “sigue creciendo” 137 pesos cada día que no se pague.
El resolutivo del magistrado Pedro Molina Flores, es sobre la reclamación de la destitución de la que fue objeto la hoy demandante al cargo de policía preventivo. Gallado López dijo que la Ley ampara la identidad de su cliente, ya que hay motivos fundados para considerar que pudiera haber represalias en su contra.
“Estas actuaciones de carácter judicial no llevan ninguna otra actitud más que la de ser respetuosos con la Ley (…) y remarcar que no hay nada absolutamente en contra de las autoridades, sino que solamente es ejercer el derecho que la parte demandante tiene en su favor”, manifestó el abogado.
En 2006 y tras siete años de servicio, la ex policía cayó de la batea de una patrulla en el cumplimiento de su deber y tras dos meses de al menos cinco revisiones médicas distintas, se le detectó una lesión en la columna vertebral, pero como la SSPE ya no quiso pagar los gastos médicos, determinó darla de baja sin descargo de por medio.
