- Seguridad
Las unidades antisecuestro en México no han podido frenar este delito.
De acuerdo con información de cada Procuraduría de Justicia del País, todos los estados cuentan ya con una Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS).
A pesar de ello, el número de plagios denunciados rompió récord durante 2013 con mil 695 averiguaciones previas registradas.
Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Tabasco concentraron el año pasado los casos de secuestro con 861 denuncias del total.
Las UECS, integradas desde hace varios años, están formadas por policías, peritos y agentes del Ministerio Público especializados en el tema.
Empero, según expertos, estos equipos, en muchos casos, no llevan a cabo tareas de investigación ni de prevención.
Sólo se enfocan en las negociaciones para lograr la liberación de las víctimas y en atenderlas una vez que el plagio ha concluido.
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, aseguró que las unidades presentan fallas, como incumplimiento de protocolos de actuación, rotación constante de personal y falta del equipamiento necesario y de transparencia.
"Eso no ha permitido consolidar a las unidades. Además, no son equivalentes entre sí.
"Cuando vemos que alguna opera al 100 por ciento, hay otra que no sigue los protocolos y que algunas ni están dotadas con el equipamiento básico", criticó.
El trabajo desigual entre estados y dentro de las unidades, añadió, provoca que menos del 2 por ciento de los acusados por secuestro tenga una sentencia condenatoria.
Miguel Bernardo Treviño, uno de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad, alertó que es imposible evaluar la eficacia de las UECS debido a la opacidad en la información por parte de los estados y la Administración federal.
"No existe un esfuerzo por parte del Gobierno federal o de los distintos órdenes de Gobierno por crear indicadores para medir y comparar. Es un tema en que son omisos", subrayó.
También la activista María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, criticó la ineficiencia de las unidades de combate al secuestro.
"Son una vergüenza. Hoy en día, vas a algunos estados, y hay un membrete que dice 'Unidad Antisecuestros', pero las personas que trabajan ahí, o están en otros asuntos, o ven secuestros y también otro tipo de delitos, y no puedes hacer eso", señaló.
Combaten plagios entre la opacidad
Las unidades antisecuestro México trabajan en la opacidad.
Las procuradurías de los 32 estados ocultan datos sobre la cantidad de víctimas de secuestro que han liberado, los elementos que trabajan en las unidades y del control interno que se lleva sobre el personal.
Con excepción de Colima, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, los estados revelaron que se atendieron 952 casos de secuestro en las unidades antisecuestro en 2013.
A través de solicitudes de Transparencia, sólo 12 procuradurías informaron sobre la liberación de 577 víctimas y el asesinato de 21 más en el mismo año.
Las mismas dependencias dieron a conocer que, desde la creación de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) en 2009, al menos 186 víctimas de secuestro han sido asesinadas hasta la fecha.
Treviño aseguró que la opacidad en la información hace imposible evaluar el funcionamiento de las unidades.
Y es que documentos presentados a través de Transparencia revelan fallas en los protocolos de actuación, rotación constante de personal, o carencia del equipamiento necesario para el combate al secuestro.
"No existen concentrados de capacitación ni controles de confianza, y los estados no tienen control interno respecto a la medida en que se siguen o no protocolos", criticó Treviño.
"Es ingenuo pensar que vamos a tener unidades antisecuestro eficaces si nos seguimos saltando trabajo básico de mecanismos de control interno de policías, y si no tenemos auditorías externas".
Protocolos proporcionados por Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México, entre otros, revelan que las unidades trabajan en tres sentidos: vigilancia no intrusiva del personal que trabaja en las unidades; actuación ministerial y policial para investigar el delito y atención a víctimas.
Sin embargo, no hay reglas para el seguimiento de casos mediante el debido proceso, para investigar a presuntos secuestradores con el fin de evitar más plagios.
También carecen de indicadores que permitan evaluar el seguimiento que el personal da a cada protocolo: por ejemplo, dijo Rivas, existen documentos para diferenciar la manera de interrogar a las víctimas y a los delincuentes, pero los Ministerios Públicos no actúan acorde a ellos.
"Las unidades son principalmente negociadoras: una persona, cuando tiene un secuestrado, solicita apoyo a las unidades y éstas se dedican a la negociación.
"Pero la negociación con delincuentes, a favor de conservar la vida humana, ha estado en detrimento del combate a los cárteles y los grupos a través de inteligencia", afirmó el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.
Inconsistencias
Por otra parte, los elementos que trabajan en las unidades son rotados constantemente, a pesar de que el personal debería mantenerse estable durante al menos tres años.
Por ejemplo, el Distrito Federal admitió que existe la rotación dentro de una plantilla de 227 elementos divididos en unidades de manejo de crisis, análisis táctico, investigación de campo e intervención especializada.
Con excepción de dos fiscalías, el resto se negó a revelar el estado de fuerza con el que cuentan las unidades.
Asimismo, todo el personal debe ser evaluado a su ingreso a la unidad, no obstante, las fiscalías no reportan la repetición de pruebas de control de confianza durante cada cierto tiempo para acreditar la permanencia.
Sólo 10 estados reportan una evaluación del 100 por ciento de su plantilla, entre los que se encuentra Zacatecas, Sinaloa, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Durango, Chihuahua, Baja California Sur y Baja California.
Rivas añadió que la capacitación del personal es desigual entre unidades, lo cual impide una efectiva colaboración de las entidades.
Ocurre lo mismo con el acceso a sistemas de información criminal: mientras que los 32 estados deberían estar conectados a la base de datos de Plataforma México, menos de la mitad confirma dicha conexión.
Además, sólo Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo León aseguraron que integran sus propias bases de datos de análisis criminal e investigación de gabinete.