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El pleno del Senado dio entrada a la propuesta de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual se turnó a comisiones en medio de críticas de PRD, PT y algunos senadores del PAN que están dispuestos a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió con la llamada ley Televisa, si el PRI y sus aliados aprueban ese proyecto.
El coordinador de los senadores del tricolor, Emilio Gamboa Patrón, dijo que están abiertos a modificar la propuesta presidencial si los opositores les presentan argumentos sólidos, pero dejó en claro que a pesar de ello ‘‘habrá ley secundaria en materia de telecomunicaciones’’.
Al PRI y al Verde sólo le faltan cinco votos para lograr la mayoría calificada necesaria para aprobar la iniciativa y éstos los puede lograr de la bancada del PAN, que está dividida, según se informa en una nota del periódico La Jornada.
Ayer, el coordinador panista, Jorge Luis Preciado, expuso en conferencia de prensa que revisarán la postura del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul –dada a conocer un día antes por la dirigente en funciones, Cecilia Romero– ‘‘para ver si coincidimos o no’’.
Al mismo tiempo, el senador Javier Lozano, a través de su cuenta de Twitter, sostuvo que Cecilia Romero está ‘‘mal informada’’, ya que la iniciativa es ‘‘muy buena’’. Al respecto, el también panista Javier Corral Jurado señaló que tienen enfrente otra batalla en el Congreso ‘‘para atajar este intento de regresión’’.
Resaltó que el escenario es incierto en su saldo final, ‘‘dada la facilidad con la que en este tema el PRI puede conseguir apoyo entre legisladores del PAN. No sería improbable que el asunto termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante acción de inconstitucionalidad’’, adelantó.
A su juicio, se trata de una contrarreforma que ‘‘constituye una regresión política insospechada y un acto de incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional en esta materia”.
Por su parte, los senadores perredistas Dolores Padierna, Alejandra Barrales, Luis Sánchez y Zoé Robledo no descartaron la posibilidad de acudir a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, dado que la propuesta de Peña Nieto ‘‘viola las disposiciones de la reforma constitucional’’ en la materia.
Entre los puntos más preocupantes, destacaron que se quitan facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), se le debilita, para reforzar el poder presidencial. ‘‘Dejar la regulación de contenidos en manos de la Secretaría de Gobernación ‘‘significa un retroceso a los tiempos de subordinación de los medios electrónicos al gobierno federal’’.
Igualmente, los perredistas consideraron grave que se modifiquen las pautas que la Constitución fijó para determinar la preponderancia y atajar las concentraciones monopólicas en radio y televisión.
Por separado, el senador Corral destacó que entre las deficiencias de la iniciativa está el desequilibrio regulatorio entre radiodifusión y telecomunicaciones a favor de las televisoras.
Asimismo, ‘‘el gran logro que fue incorporar en la Constitución la prohibición de la publicidad presentada como información carece de sanción. Desaparece la función social de la radio y la televisión, la clasificación horaria de programas, y no contiene disposiciones para la radio, que es el gran faltante.
‘‘Darán concesiones a 20 años con refrendo automático y bajo la figura de la concesión única ¡hasta por 30 años! Se le da la vuelta a la Constitución al conceder la suspensión en materia de amparo respecto de las multas que imponga el Ifetel’’, recalcó Corral.
En su propuesta de legislación secundaria, Peña Nieto incluyó el impacto presupuestal, que en el caso del Ifetel es de cerca de 2 mil 800 millones de pesos anuales. Es el costo de los servicios personales, administrativos y demás que implica el funcionamiento del órgano regulador.
Preocupa a Televisa la iniciativa en telecomunicaciones
Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga, afirmó que la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por el gobierno federal, limitará sus operaciones y afectará sus negocios.
“Estas obligaciones traerían como efecto, en caso de ser aprobadas, limitaciones a la operación de Grupo Televisa, en cuanto al uso de su infraestructura instalada, venta de publicidad, producción, programación y distribución de contenidos, adquisición de exclusividades y participación en otros medios de comunicación”, indicó la empresa a través de un comunicado publicado por el diario 24 Horas.
“Estas disposiciones del proyecto de Ley se agregan a las resoluciones del IFT, que ya afectan los negocios de radiodifusión y TV de paga de Grupo Televisa, tales como las obligaciones impuestas en materia de must carry y must offer; la convocatoria para la licitación de por lo menos dos cadenas nacionales de televisión abierta digital que competirán en el terreno comercial”, agregó.
“En materia de telecomunicaciones, Grupo Televisa advierte con gran preocupación que la iniciativa no prohíbe expresamente al agente económico preponderante la discriminación de tarifas en función del destino de la llamada, con lo cual se mantiene el denominado “efecto club”, que inhibe la competencia efectiva y perjudica a los usuarios”, dijo la firma de Emilio Azcárraga.
Grupo Televisa aseguró que el proyecto de Ley no reglamenta ni desarrolla los términos de aplicación del texto constitucional que prohíbe al agente económico preponderante en telecomunicaciones beneficiarse de la regla de gratuidad para la retransmisión de contenidos radiodifundidos.
“Con esta grave omisión, aunado a la demora en las investigaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Telmex se aprovecha de la gratuidad de nuestras señales y de las de otros radiodifusores, vía Dish”, criticó el grupo.
Grupo Televisa también comentó que en materia de radiodifusión, el proyecto de Ley contiene nuevas obligaciones en materia de preponderancia, las cuales exceden las que el IFT impuso a su empresa.
También consideró que el proyecto de ley convergente contiene reglas sobre multiprogramación que se convertirán en barreras a una oferta programática más amplia, diversa y plural.
Destinarán más dos mil millones al IFT
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó al Senado que el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que garantice la competencia en este sector tendrá un costo de dos mil 769 millones 800 mil pesos.
En un oficio enviado por el presidente Enrique Peña Nieto como parte del paquete de leyes y reformas en materia de telecomunicaciones, precisa que 719 millones 300 mil pesos estarán destinados a los salarios del personal del Instituto, mientras que dos mil 50 millones 500 mil pesos a los gastos que implicará su labor de supervisión y vigilancia.
“El impacto presupuestario derivado de la conformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Sistema Público de Radiocomunicación de México se cubrirá con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a dichos organismos”, explicó Jaime Hernández Martínez, director general de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda.
“No tiene impacto en los programas aprobados de la dependencia ni sus entidades, que continuarán conforme a lo programado; no habrá afectación a su presupuesto”, añadió el funcionario según otra nota del periódico Excélsior.
Recordó que la iniciativa incluye nuevas atribuciones para el IFT “en materia de aplicación de sanciones, fortalecimiento de mecanismos de supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, así como actividades para garantizar la competencia”.
El oficio de la SHCP acompaña el paquete de dos nuevas leyes, cambios a otras 10 y al Código Penal Federal, que ayer entró de manera oficial a comisiones del Senado para procesarla con una dinámica de comunicación y transparencia amplia.
“La Mesa Directiva estará cerca de los presidentes de las comisiones para emitir y publicar en sus páginas de internet cuál va a ser la mecánica del desahogo de las audiencias públicas sobre los diferentes temas y el debate”, explicó el presidente del Senado, Raúl Cervantes.
La propuesta establece que el IFT vigilará de manera trimestral y sancionará el incumplimiento de las medidas y la regulación asimétrica que le hubiese impuesto a los agentes económicos preponderantes.