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  • Gerardo Santillán
Así lo informó el contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin al ser cuestionado sobre el tema.

El contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto, informó que “diversos” funcionarios adscritos a la Dirección de Agricultura de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) están sujetos a procedimientos administrativos, para descartar o confirmar alguna relación con el caso de Misael Palafox Pimentel, exdirector de esa área, quien fue detenido y luego salió bajo fianza tras la acusación de desvío de recursos por 22 millones de pesos en fertilizantes.

Sin embargo, Temoltzin Carreto advirtió en entrevista que todos los funcionarios del Ejecutivo son evaluados constantemente en su desarrollo del servicio público, ya que es una instrucción del mandatario estatal.

“La contraloría tiene un procedimiento radicado por responsabilidad administrativa en contra de diversos funcionarios de la Sefoa, y a su vez la  Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integró la denuncia correspondiente consignó y el resultado es el que ustedes mediáticamente han dado a conocer”, recordó.

Reiteró que varios otros empleados de la Sefoa, específicamente de la Dirección de Agricultura, están sometidos a procedimientos administrativos por el mismo tema del fertilizante procedente del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola, Fertilizante Químico y Orgánico del ciclo primavera–verano 2012.

Sin embargo, aún no hay separaciones del cargo ni denuncias penales y los únicos casos de detención hasta el momento han sido Misael Palafox, sí como de quien fuera comisionado Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), Justo Vázquez Hernández, por extorsión.

Por último, el contralor refirió que se sigue de cerca el caso del titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), Roberto Romano Montealegre, cuya dependencia enfrenta 18 recursos de revisión en la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax) por no transparentar lo suficiente la información que empresarios constructores le pidieron.

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