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Sin atreverse a confirmar la existencia de órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del sexenio orticista involucrados en el caso Plaza Bicentenario, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Ernesto Ordóñez Carrera, advirtió que de haber procedimientos penales se tendrá llegar hasta las últimas consecuencias.
A pregunta expresa en entrevista, negó ahondar más en el asunto con el argumento de que quien lleva los actos administrativos que pueden derivar en episodios penales es el contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto.
“Ese es un asunto que lleva la Contraloría y no puedo abundar en el tema (…), el contralor es el que debe responder por la secrecía del asunto. Esta administración siempre ha sido respetuosa del estado de derecho e incluso hay quienes confunden la tolerancia con la impunidad, pero (en ese caso) no hay persecución, solo hay observancia de la Ley”, declaró.
Cuestionado al respecto por separado, el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo García Portilla, prefirió tampoco opinar gran cosa y solo se limitó a señalar que es un asunto que compete a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y eventualmente del Poder Judicial en términos de Ley.
La víspera, este medio de comunicación informó que de momento a otro se podría concretar la aprehensión de 11 personas ligadas al proceso de licitación y construcción de la Plaza Bicentenario y que desde el pasado 7 de julio agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) buscan para detener a los probables responsables de ilícitos.
Los implicados son el extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Luevano Escalona; el empresario constructor, Jesús Gingeni Luevano Rosas; así como Juan Mejía Bonilla, Guillermo Manuel de Jesús Canales Fernández, Felipe Castelán Marini, Jorge Sánchez Nava, Erick Rodríguez Varela, Carlos Villar Bursiaga, Leonel Lima Loaiza, Felipe Cuapio Zompa y Baldomero Ruiz García.
Al respecto, Ordóñez Carrera declinó confirmar o descartar los hechos porque no le corresponde.
Eso sí, en torno a la posibilidad de darle algún uso al considerado ‘elefante blanco’ ubicado en la ciudad de Tlaxcala apuntó: “es un tema que tiene más telas que una cebolla, todavía tiene mucho de qué hablar, pero debemos señalar que el Estado tiene prioridades y si no tenemos (dinero) para fondear Pensiones Civiles, menos para hacer monumentos a perpetuidad”.
Por ello, no está cerrada la posibilidad de que el inmueble pueda darse en comodato al Instituto Politécnico Nacional (IPN) como en su momento lo propuso el gobernador Mariano González, como tampoco otros fines que se tienen que analizar.
En otro orden de ideas, el responsable de la política interior del Estado, informó que el miércoles fue detenido un mototaxista de Papalotla que no se había apegado al programa de entrega voluntaria a cambio de dinero, por lo que su unidad fue confiscada.
Ernesto Ordóñez mencionó que en ese municipio todavía hay entre 25 y 30 operadores de mototaxis que faltan por entregar sus vehículos, además de que se sostienen pláticas con otro grupo de Huamantla cuyo número es confuso “porque de repente brotan como hongos y tenemos que revisar realmente cuántos operan”.