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Para lograr que los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes sean respetados en mayor grado en Tlaxcala, es necesario que se implementen más foros abiertos en los que la sociedad en general y específicamente ese sector manifiesten sus inquietudes, lo cual proveerá de una interacción más amplia a las instituciones y grupos sociales.
Al mismo tiempo, es preciso que personal de las instituciones públicas se capacite en temas como atención a víctimas, protocolos de atención a menores de edad, inclusión a menores con alguna discapacidad física o intelectual; así como la creación de redes interinstitucionales que permitan tener una adecuada intervención y seguimiento a casos específicos sobre las problemáticas que atañen a menores de edad.
Esas conclusiones para ese sector social se desprenden del Diagnóstico Estatal de Derechos Humanos, en el que en el caso de los derechos de las mujeres recomienda implementar mejores mediad para lograr la igualdad entre ellas y los hombres, reforzar la capacitación a los servidores públicos que atienden a ese sector en situación de vulnerabilidad, incluyendo temas de victimización a fin de evitar la revictimización, así como la creación de albergues de apoyo integral a las mujeres maltratadas donde puedan permanecer en compañía de sus hijos.
En el caso de los derechos de la víctima de trata, el Estado debe adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer según la Convención Interamericana en la materia; el Estado también debe cumplir con la impartición de justicia, buscar estrategias de actuación que contengan opiniones de la sociedad, reforzar la prevención desde todos los puntos sociales empezando por las instituciones educativas, también la creación de albergues integrales donde las víctimas sean encauzadas recuperar su libertad.
Sobre los derechos de las personas privadas de su libertad, el Diagnóstico concluyó que se debe reforzar la capacitación y sensibilización de las autoridades involucradas en el sistema de seguridad pública para que apliquen la normativa internacional que previene la tortura y los malos tratos, realizar pláticas de sensibilización con los defensores públicos, que las autoridades penitenciarias profesionalicen su servicio, además de que se realice un estudio estadístico de la efectividad de las horas de tratamiento con base en el comportamiento de los internos sujetos a los instrumentos nacionales e internacionales.
En cuanto a los derechos de los migrantes, se proponer que las autoridades en los tres ámbitos de Gobierno participen y colaboren con acciones relativas a la concientización, sensibilización, respeto, tolerancia, capacitación a policías y funcionarios sobre el contenido y alcances de la legislación migratoria y sobre el tema de derechos humanos.
Sobre los derechos de los indígenas, se debe preservar la integridad de sus derechos culturales, garantía de debido proceso, creación de la oficina gubernamental para la atención de los pueblos indígenas, documentación y monitoreo de casos de personas de origen indígena violentas en sus derechos humanos, desarrollar una amplia estrategia jurídica para poner en marcha políticas públicas para la realización de procesos apegados a derechos, entre otras.
En cuanto a los derechos de la comunidad LGBTTTI, resulta necesario realizar las reformas al orden jurídico local para eliminar prácticas vejatorias e indignas de discriminación, violencia e inseguridad, homologar los términos del derecho internacional en materia de derechos humanos para transitar al concepto de orientación sexual, identidad y expresión de género, además de impulsar en los espacios educativos una cultura de libertad, igualdad y libre expresión.
En los derechos de las personas con discapacidad, se debe a analizar que la legislación respecto a ese sector sea respetada por todas las instituciones del sector público y privado, reforzar la capacitación a servidores públicos y sociedad sobre el contenido de esos derechos, entre otros.
Y sobre los derechos de las personas adultas mayores, debe analizarse que la legislación sobre el sector sea respetada por todas las instituciones del sector público y privado, reforzar capacitación a servidores públicos y sociedad sobre el contenido de esos derechos.