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El Poder Judicial del estado de Tlaxcala subsiste en la ilegalidad, ya que a seis meses de que uno de sus magistrados cumpliera la edad límite de 65 años para poder desempeñar sus funciones, no ha sido removido, por lo que el titular del ejecutivo incumple con lo que marca la ley, violando así la constitución local.
El magistrado Ramón Rafael Ramírez Mendoza, el pasado mes de agosto cumplió 65 años de edad y lo que establece el artículo 79 último párrafo de la constitución política de Tlaxcala es que “los magistrados del Tribunal Superior de Justicia… solo podrán ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado, por faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones; por incapacidad física o mental; por sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y cinco años.
Estudiosos y especialistas del derecho han enfatizado que los poderes ejecutivo y legislativo se encuentran violando la constitución, al no cumplir con sus obligaciones, como es el de ejecutar proceso de remoción y la subsanación del mismo.
También señalan que el titular del poder ejecutivo permanece en la indiferencia, abonando la omisión y la ilegalidad en la que se encuentra, hasta este día, el Tribunal Superior de Justicia, por no enviar al legislativo la terna para remover al magistrado de edad cumplida Ramón Rafael Ramírez Mendoza.
Acotaron los estudiosos del derecho, que esta práctica de violación al marco legal e inmoralidad gubernamental, ha sido una constante durante el sexenio de Mariano González Zarúr, ya que permitió que el Tribunal Superior de Justicia subsistiera con diez magistrados, cuando la ley mandata nueve.
“estas claras violaciones al marco legal, solo puede darse en Tlaxcala, porque existe una complicidad tripartita, es decir, un contubernio entre los tres poderes de gobierno”, acotaron.