- Municipios
De las 55 mujeres que fungen como Síndicas Procuradoras en igual número de ayuntamientos, alrededor del 40 por ciento enfrentan diferentes formas de violencia entre ellas política e institucional, primero por parte de los alcaldes e integrantes del cabildo, y posteriormente por entidades como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Congreso Local al mantenerse omisos ante los abusos cometidos.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Asociación Estatal de Síndicos Municipales de Tlaxcala (AESMT), Katy Valenzuela Díaz, dio a conocer que la violencia política contra las representantes legales de los ayuntamientos a lo largo del trienio fue ‘de más a menos’, tomando en cuenta que hace tres años el 60 por ciento de las sindicas reportó algún tipo de violencia en su contra, y a menos de un mes de que concluyan las actuales administraciones se reporta una incidencia del 40 por ciento.
“El caso de Altzayanca fue la primera sindico que sufrió violencia psicológica, pues el presidente le mostró un arma y le dijo ‘o te alineas o te alineas’, hoy ya tiene buena relación con su presidente pudo trabajar estos dos últimos años en conjunto, entonces la violencia a lo largo del trienio fue de más a menos porque los presidentes han tenido esa capacidad de trabajar en conjunto con las síndicos”, comentó.
Aunque en no todos los casos han llegado a un buen acuerdo, pues mencionó que actualmente la AESMT tiene iniciados 15 procedimientos legales ante la entonces Sala Electoral Administrativa, en el Congreso del Estado, así como en el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“Hay denuncias penales contra autoridades municipales son entre siete y ocho, por falsificación de firmas y documentos, agresiones, usurpación de funciones, peculado, y otras; ante derechos humanos también hay quejas alrededor de siete de las cuales ninguna avanzó tuvimos reunión en el 2015 con el entonces ombudsman (Francisco Mixcoatl) y la asociación dijo que daría seguimiento y apoyo y nunca se dio la investigación de los casos”, principalmente de violencia política contra las síndicos.
Debido a la omisión mostrada por las instituciones de gobierno y el Poder Legislativo local, las síndicos sentenciaron que han sido víctimas de violencia institucional por negarse a atender, investigar y castigar los delitos que han denunciado.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la violencia institucional contra las mujeres como los actos u omisiones de servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de sus derechos.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes sindicas que han logrado trabajar en coordinación con los alcaldes, siendo los casos de Tetlanohcan, Huactzinco y Zacualpan; y en contraparte, también aquellas que han tenido una relación contraria con los presidentes municipales como Texoloc, Panotla, Tocatlán, Chiautempan y Tlaxcala.