La mayoría de los actos violatorios a sus derechos surgieron luego de negarse a cubrir actos ilegales de los presidentes municipales.

Deben reforzarse políticas públicas para reforzar el respeto hacia las servidoras públicas, síndicas y regidoras.

28 de los 60 municipios tienen proceso de revisión activos, de los cuales cinco son contra presidencias de comunidad.