- Educación
Padres de familia del Plantel 14 del Colegio de Bachilleres (COBAT) en Nativitas hizo un llamado urgente a la gobernadora del estado Lorena Cuéllar Cisneros para intervenir ante lo que califican como un “grave deterioro” en la gestión académica y administrativa de la actual directora del plantel, Sofía Nájera.
En una carta dirigida a la titular del Ejecutivo estatal, los padres denunciaron que el desempeño de la directora ha generado descontento generalizado entre la comunidad educativa, afectando directamente el desarrollo académico y la seguridad de los alumnos.
Según el testimonio colectivo, la directora presuntamente habría permitido la venta y producto prohibido dentro de la institución, así como la existencia de casos de bullying sin que se tomen medidas correctivas. Además, señalaron la falta de vigilancia, lo que ha provocado que estudiantes salgan de las instalaciones sin supervisión.
Los inconformes añadieron que, a pesar de las cooperaciones semestrales realizadas por los tutores, no se observan mejoras ni obras dentro del plantel, cuyas instalaciones “se encuentran en condiciones deplorables, con jardines sin podar, falta de escritorios y aulas ocupadas incluso por personal del INEGI”.
Asimismo, denunciaron que varios empleados administrativos, docentes y de confianza han sido vulnerados en sus derechos laborales, con la supuesta complacencia del director general del subsistema. “Cada semestre retira a maestros con perfil profesional y antigüedad, dejándolos sin horas frente a grupo”, aseguraron.
Otra preocupación expresada por los padres es que cada mañana algunos alumnos son regresados a sus casas, exponiéndolos a situaciones de riesgo y violando su derecho a la educación.
Finalmente, los denunciantes advirtieron que la directora presume influencias políticas, al afirmar ser “persona cercana a la gobernadora” y “comadre del director general”, lo que —aseguran— “le hace sentirse intocable ante las quejas y reclamos”.
Ante esta situación, los padres de familia exigieron una revisión inmediata por parte de las autoridades estatales y educativas para garantizar el derecho a una educación digna, segura y libre de corrupción.