Habitantes de la zona afirman que nunca fueron consultados de manera directa, y acusan que algunas firmas se habrían obtenido sin explicar que se trataba de una gasera, lo que desató molestia y desconfianza hacia las autoridades locales.
Las observaciones realizadas podrían derivar en procedimientos administrativos, reintegros de recursos o responsabilidades legales, en caso de que el Ayuntamiento no logre solventar las anomalías detectadas.
Vecinos mencionaron que los propietarios del predio fueron impulsores de la campaña del actual edil, lo que aviva sospechas de trato preferencial y prioridades políticas por encima de la seguridad pública.
De acuerdo con los habitantes, el presidente municipal pretende permitir que una empresa almacene gas LP en un corredor donde conviven diariamente niños, estudiantes, familias y trabajadores.