El Congreso adelantó que mantendrá la vigilancia sobre los entes implicados y que, si es necesario, solicitará auditorías adicionales para esclarecer el destino del dinero público.
A casi 6 años de ese bochornoso suceso, no hay claridad sobre si el caso fue formalmente investigado, si hubo seguimiento por parte de instancias de justicia o si simplemente quedó sepultado entre influencias políticas y omisiones