Ante esta situación, diversas voces han alzado la alarma, denunciando la posible complicidad entre el gobierno estatal, federal y organizaciones pseudoambientalistas.
El juicio, marcado por denuncias de torturas, detenciones ilegales y órdenes de aprehensión contra agentes involucrados en las capturas, ha sido objeto de controversia por el uso reiterado de evidencias ilícitas.