El funcionario presuntamente cobra hasta 250 mil pesos por el reconocimiento de cinco años de antigüedad laboral, además de exigir el 30 por ciento de los salarios caídos en juicios de reinstalación de ex trabajadores rescindidos.
Al término del recorrido entabló comunicación con autoridades del Organismo Público Descentralizado para reiterar el compromiso de mantener la defensa de los derechos de los trabajadores de la salud.