Alvarado Islas tendrá que justificar la aplicación de los recursos y de no ser así estaría enfrentando un proceso legal por incurrir en actos ilegales que afectan los intereses de la región.
El presidente municipal Miguel Muñoz Reyes tendrá que responder ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado por un posible daño patrimonial millonario.