Los inconformes acusaron los abusos cometidos por el funcionario y de la falta de acción por parte del alcalde, Rogelio Pichón Luna, por lo que exigieron su destitución inmediata.
Acusó al oficialismo de aprovechar la crisis de aranceles para impulsar una reforma que lesiona los derechos laborales y el patrimonio de los ciudadanos.