La propuesta avanzó en el Congreso tras ser analizada por la comisión correspondiente, presidida por Jaciel González Herrera, y finalmente fue aprobada por el Pleno, incorporando modificaciones al artículo 295 BIS del Código Penal local.
Uno de los puntos que ha marcado el rumbo del caso es la falta de designación oportuna de un asesor jurídico coadyuvante especializado para la víctima, tratándose de una persona menor de edad.
Karla N. relató haber vivido momentos de gran angustia, especialmente tras su despido, cuando el hostigamiento laboral y sexual fue recurrente, de ahí que se habla de medidas de restricción.